Como estaba previsto, el Pleno Ordinario ha reproducido, en versión resumida, el debate extraordinario y monográfico celebrado el pasado 12 de febrero, con idéntico resultado, sin un acuerdo a tres en cuanto a las medidas que poner en marcha para afrontar el reto de garantizar el acceso a la vivienda y poner freno a la sangría poblacional.

Los argumentos esgrimidos por PP y oposición han sido similares; el tono, también. La responsable de Vivienda, Ana Sanjuán, que llamó “canallas y mezquinos” a los concejales de PSOE y Adelante Izquierda Gaditana hace dos semanas, les acusó, en esta ocasión de preferir “la confrontación” y “ser parte del problema a participar de la solución”.

José Ramón Ortega, por parte de los socialistas, insistió en que el equipo de Gobierno actúa como agente inmobiliario, fomentando la especulación, y David de la Cruz, portavoz de Adelante Izquierda Gaditana, de hacerlo como “asustaviejas”. Este último, además, remarcó que no habrá política de vivienda eficaz desde el ámbito municipal si no se tienen en cuenta cinco ejes fundamentales: “El primero, que no se puede vender suelo público. El segundo, que toda vivienda pública que se construya sea para alquiler social. El tercero, que no se conceda ninguna licencia más en la ciudad ni para ningún hotel o establecimientos de hospedaje en sus barrios residenciales. El cuarto, que no pierdan la propiedad los vecinos de la séptima fase del Cerro del Moro. Y el quinto, que Cádiz sea declarada zona tensionada por parte de la Junta de Andalucía para regular el precio del alquiler y de la venta de viviendas que están batiendo récords”.

Todo ello formaba parte de una enmienda de sustitución que el PP tumbó.

Una vez descartada la propuesta de la coalición de izquierdas, se procedió a la votación de la moción de los populares y de la enmienda de adición de los socialistas por bloques.

Finalmente, se aprobaron por unanimidad dos de las propuestas del PSOE, la moratoria “para que no se conceda ninguna licencia más para viviendas turísticas” y el endurecimiento de la regulación, con la prohibición del uso turístico en fincas protegidas con grado 1 en el PGOU, e “invertir en un mayor control del cumplimiento de los requisitos por parte de los inquilinos de las viviendas municipales para una mayor rotación y agilización de la lista de demandantes”. También salió adelante, con la abstención del PP, la relativa a la asunción por parte de Procasa de los débitos de cuotas comunitarias que puedan ocasionar inquilinos de viviendas municipales en las comunidades de propietarios correspondientes. Las otras doce que defendían los socialistas obtuvieron el no de los populares y fueron rechazadas.

En cuanto a la moción original, bastó la mayoría absoluta del PP para defender la operación del Cerro del Moro planteada por la Junta de Andalucía; un plan de ayudas para comunidades de propietarios de viviendas públicas para obras de rehabilitación; fondos para la instalación de ascensores en edificios del parque municipal; expropiación de fincas abandonadas o infrautilizadas; estudio de viviendas vacía y recargo del IBI a sus propietarios; moratoria para la instalación de hoteles y alojamientos turísticos en zonas turísticas saturadas; o instar al Gobierno de Juanma Moreno la agilización del Bono Joven de Alquiler.

Para el alcalde, Bruno García, con la incorporación de estas medidas, propuestas por la oposición en el Pleno Extraordinario, demuestra “que en el modelo del PP cabe” el de los otros dos partidos.

Los portavoces de PSOE y Adelante Izquierda Gaditana negaron la mayor, porque las iniciativas fueron desnaturalizadas al suprimir el recargo del 150% del IBI a las viviendas vacías o negar a propietarios privados ayudas para la rehabilitación, como plantearon, entre otras cuestiones y, en cualquier caso, no contemplaban las propuestas encaminadas a blindar el suelo público y comprometerse a la construcción en régimen de alquiler social y asequible.