El pasado jueves, una veintena de profesionales de la Diputación oficializaron la asunción de sus responsabilidades en las direcciones de Áreas y Servicios de la institución provincial. En las fotografías del acto distribuidas por el gabinete de prensa, destacan las presencias de los funcionarios Paula Andreu, Javier Cano y José Rafael Pérez Lasso de la Vega, entre otros, y las ausencias del vicepresidente primero y delegado del Área de Economía, Hacienda y Gestión Administrativa, Juancho Ortiz, y el vicepresidente tercero y coordinador del Área de Función Pública y Recursos Humanos, Jacinto Muñoz. Las imágenes retratan las desavenencias políticas entre los miembros del PP en el seno del Gobierno y las tormentas en la organización técnica y administrativa, dado que los nombramientos se han llevado a cabo sin que se resuelvan hasta cuatro recursos de reposición.
El origen de la tormenta que asola el Palacio Provincial se halla en las negociaciones del pacto de Gobierno entre los populares y La Línea 100x100, en la que tuvo un papel determinante Ignacio Romaní. Éste defendió que Ortiz asumiera el mayor peso en la gestión ordinaria, concentrando un número de competencias superior a la propia presidenta, Almudena Martínez, quien se reservaba un papel exclusivamente institucional. Solo dos meses después de la toma de posesión, Rafael Mateos, secretario personal de la presidenta que ejerce en la práctica de jefe de Gabinete pese a que este cargo lo ostenta David Gil, advirtió de que Juancho Ortiz concentraba todo el poder ejecutivo, y se dio un golpe de mano con la revocación de la práctica totalidad de las competencias hasta entonces responsabilidad de Ortiz: Secretaría General, Sociedad de la Información, Comunicación y producciones audiovisuales, Conservación del Patrimonio y Gestión del Inventario, Administración electrónica, Transparencia, Gobierno Abierto y Protección de Datos, Relaciones Públicas y Protocolo, Registro General y Boletín Oficial de la Provincia (BOP), Archivo, Vídeo, Grupos Políticos, Oficina de Atención a los Alcaldes, entes consorciados (Consorcio para la Gestión de Residuos Urbanos y de la Provincia de Cádiz y Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz) y Promoción agroalimentaria y ganadera (de nueva creación), quedaron adscritos a Presidencia, también se hizo con el control de la Empresa Provincial de Información de Cádiz S. A. (Epicsa), en detrimento de Jacinto Muñoz.
Además, se decidió colocar en la dirección técnica de Presidencia a Paula Andreu, cuestionada por algunos compañeros, e iniciar un carrusel de traslados, destituciones y nombramientos interinos en las Áreas y los servicios al margen del procedimiento de libre designación que ha sido recurrido por, según dichos recursos, no haber sido consensuado con los diputados, que debían firmar un informe de conformidad en los cinco días posteriores a la publicación
El frente abierto entre la Presidencia y la Vicepresidencia Primera no es el único. Cabe recordar que Juancho Ortiz se vio obligado a desautorizar a Germán Beardo tras anunciar este el traslado de la Escuela de Hostelería de Cádiz a El Madrugador, en El Puerto, sin que Almudena Martínez quisiera entrar en la polémica. Los roces han encendido las alarmas en Sevilla, mientras que el presidente provincial, Bruno García, elude la refriega.
