Este lunes se cumplen quince años del traumático cierre de Delphi y aún permanecen abiertas las heridas por la marcha de la multinacional de la automoción. Fruto de la deslocalicación, la decisión de la firma estadounidense dejó en la calle a más de 1.600 trabajadores pese a las movilizaciones masivas para evitarlo por parte de la sociedad civil desde Cádiz a Jerez y el apoyo por parte de todas las administraciones, especialmente el de la Junta de Andalucía.

Una vez consumada la marcha, comenzó el drama para los trabajadores, que pasaron a ser tachados de privilegiados por la recolocación de algunos a los cursos de formación que recibieron otros para la inserción laboral con un coste millonario para el Gobierno autonómico. Todo aquello acabó finalmente en los juzgados. Medio millar de empleados están desamparados.

El ex consejero de Empleo Ángel Ojeda estuvo bajo la picota por presunto fraude y quien desempeñó las responsabilidades políticas en el Ejecutivo andaluz, Antonio Fernández, se encuentra hoy en prisión. El caso de los ERE, por el que fue condenado Manuel Chaves, presidente entonces, y el caso Bahía Competitiva, con el desvío de 21 millones para la reindustrialización de la zona, completan el frente judicial a espera del desarrollo del choque de trenes entre la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz (APBC), que ha iniciado la expropiación de los terrenos, y la empresa que los ha adquirido recientemente en subasta pública Sport City Cádiz.

La firma está dispuesta a pelear por la propiedad hasta el punto de que ya ha recurrido a la Audiencia Nacional y ha impugnado el acuerdo que puede despojarles de la fincal. Descartado que vuelvan las chimeneas a Puerto Real, Sport City Cádiz plantea junto al Cádiz CF la construcción de una ciudad tecnológica del deporte. La alternativa, según el Gobierno, por tráfico y almacenamiento de graneles, aunque Teófila Martínez sugiere que se integrará finalmente en Lógica.

Medio millar de trabajadores sigue todavía sin tener una solución

El 4 de julio de 2007 comenzó un calvario para los 1.900 trabajadores que se quedaron en la calle con el cerrojazo de Delphi que todavía sufren.

Entre ese mismo año y 2012 se celebraron 16 reuniones y se firmaron el desarrollo de los acuerdos adoptados en las mismas con la Junta de Andalucía para facilitar prejubilaciones, en algunos casos, y la recolocación y planes personales de inserción, en otros, tal y como relata Antonio Montoro, secretario general de UGT FICA Cádiz, hijo de empleado de la multinacional e integrante de la plantilla de la factoría.

Sin embargo, el Gobierno autonómico no cumplió con el protocolo suscrito “y dejó en la cuneta a 500 afectados”, lamenta.

Estos solicitaron prestaciones por desempleo, mientras que el resto, algo más de un millar, se acogió a la formación, siendo dados de alta en la Seguridad Social con un salario mínimo.

Todo se tuerce a raíz de la batalla política desatada por la trama de corrupción de los ERE.

Tesorería anuló las cotizaciones de la vida laboral de los 1.070 que decidieron recibir formación a finales de 2016.

Antes, en julio de 2014, la Inspección de Trabajo emitió un expediente de la situación de los 500 trabajadores que cobraron los subsidios; el septiembre de 2017, los juzgados 1 3 de lo Social da la razón al SEPE, mientras que el 2 hace lo propio con los empleados.

Actualmente, se encuentran en una situación crítica, con personas desahuciadas o que han tratado de quitarse la vida, incluso.

Bajo la sombra de la corrupción

La sombra de la corrupción ha estado presente desde el cierre de Delphi. Hasta tres casos han marcado los últimos quince años con la marcha de Puerto Real de la multinacional de la automoción: ERE, fraude de la formación y el Bahía Competitiva.

En el primero de ellos, dos de los protagonistas políticos han sido sentenciados: el exconsejero socialista de Empleo de la Junta de Andalucía Antonio Fernández, condenado a prisión y con varias causas abiertas todavía; y el presidente Manuel Chaves, condenado a nueve años de inhabilitación.

Ángel Ojeda, recientemente fallecido, fue investigado por los cursos de formación , con los que supuestamente defraudó millones de euros de fondos públicos.

Finalmente, la Justicia investiga en el caso Bahía Competitiva el desvío de otros 21 millones de euros cuyo destino era la reindustrialización de la zona. Delphi estuvo, además, de manera recurrente, en la batalla política.

Los trabajadores, que se consideraban los damnificados del pimpampum político, presionaban para buscar una solución ante el incumplimiento de las promesas del Gobierno autonómico. Hoy, son víctimas del olvido.

La propiedad del suelo enfrenta a la APBC con Sport City Cádiz

Los 276.586 metros cuadrados en los que se encuentran las instalaciones son codiciadas tanto por las administraciones como por empresas privadas desde que echó el cerrojazo dado su emplazamiento estratégico para el desarrollo de actividades logísticas e industriales.

En estos quince años, no han faltado las ofertas, e incluso Ebion llegó a adquirirlos por 5,4 millones para montar una planta fotovoltaica y otra de depuración de las aguas residuales que generan los barcos, entre otros proyectos, pero no formalizó la compraventa por falta de financiación.

Este año, de manera sorpresiva, Sport City Cádiz se hizo con el suelo por 2,8 millones para desarrollar una ciudad tecnológica del deporte de la mano del Cádiz CF, con fondos de LaLiga.

Una semana después, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana autorizó la modificación de espacios y usos portuarios a instancias de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz (APBC) para que el puerto disponga “de 40 hectáreas adicionales que, junto a las 45 actuales (...) de La Cabezuela  susceptibles de albergar instalaciones de almacenamiento de granel sólido, permitirían atender el crecimiento a medio plazo de La Cabezuela”.

Esta actividad, altamente contaminante, ha generado el rechazo del Ayuntamiento de Puerto Real y de la sociedad civil, organizada en una plataforma integrada por una quincena de asociaciones.

Ante esta coyuntura, la presidenta del organismo público, Teófila Martínez, se ha comprometido a que no se lleve a cabo tráfico y almacenamiento de graneles en una finca a solo 120 metros de un núcleo residencial, pero no ha conseguido desactivar las movilizaciones.

Y ha dejado entrever que el suelo está llamado a sumarse  a Lógica, la sociedad heredera de Las Aletas, para la construcción de una estación intermodal y destinar el resto a “usos logísticos, tecnológicos e industriales”.

Sport City Cádiz, por su parte, sigue con sus planes. A la espera de la licencia para el desmantelamiento de las instalaciones, el adjunto a la Presidencia del club, Pepe Mata, envió un recado a Teófila Martínez, tras recurrir el acuerdo de expropiación y pedir amparo a la Audiencia Nacional: “Los terrenos de Delphi serán nuestros”.