Las Comunidades Autónomas tendrán que dictaminar las ayudas que correspondan a las personas dependientes en un plazo máximo de seis meses, con lo que se reducirá a la mitad el periodo que suele conllevar este trámite administrativo.

El acuerdo se ha adoptado por unanimidad en el Consejo Territorial de Dependencia, aunque los representantes del Ministerio de Sanidad y Política Social y de los diferentes gobiernos autonómicos no han fijado el plazo en el que las ayudas tendrán que ser efectivas.

Así lo anunció la ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, quien destacó el “gran valor político” de este acuerdo, que tendrán que incorporar las CCAA en su normativa, y que permitirá reducir los tiempos de espera para que las personas dependientes puedan percibir estas prestaciones.

Jiménez informó de que a fecha de 1 de enero de 2010, 743.596 personas tienen derecho a percibir las ayudas por dependencia, de las que 485.526 ya las están recibiendo y 258.070 continúan en espera.

Sobre este último colectivo, según la ministra, existe un “firme compromiso político” para que los afectados sean incorporados al sistema cuanto antes.

Jiménez comentó que actualmente algunas Comunidades cumplen los plazos previstos, pero otras tardan entre 10 y 12 meses sólo en valorar los expedientes.

Precisó que en los casos en que las CCAA tengan establecido un proceso “en dos pasos”, para reconocer el grado de dependencia y después el derecho a la prestación, el primero tendrá que consolidarse en un plazo máximo de tres meses.

En cuanto a los menores de tres años, prosiguió, el periodo será de treinta días a efectos de ampliación del permiso de maternidad o paternidad o de los correspondientes subsidios.

El Consejo adoptó también un acuerdo para mejorar la calidad de la prestación económica para cuidados en el entorno familiar, que incluye un seguimiento de las condiciones en las que vive el beneficiario y establece garantías para la salud de la persona cuidadora que recibe la aportación económica.

La titular de Sanidad informó de que en la actualidad hay unas 280.000 personas que reciben una prestación económica para el cuidado familiar, lo que supone casi el 50% de las prestaciones del sistema.

Tras señalar que los acuerdos adoptados permitirán mejorar la calidad de vida de estas personas, recordó que la aplicación completa de esta Ley estaba prevista para 2015.

“Estamos haciendo un enorme esfuerzo para que las expectativas de los ciudadanos puedan verse cumplidas”, subrayó. Recalcó que, a pesar de esta “época de dificultad económica”, existe un “firme compromiso” de conseguir el objetivo de incorporar al cien por cien a las personas en situación de dependencia.


Andalucía aglutina cerca del 34% de todas las prestaciones


Andalucía aglutina cerca del 34% del total nacional de prestaciones otorgadas al amparo de la Ley de Dependencia, informó en la jornada de ayer la consejera de Igualdad y Bienestar Social, Micaela Navarro.

Así lo aseguró a los periodistas al finalizar el Consejo Territorial de Dependencia, donde se acordó un plazo máximo de seis meses para evaluar las solicitudes presentadas por las personas dependientes en todas las Comunidades Autónomas.

El 30% de las personas que están recibiendo una prestación en este país residen en Andalucía, lo que representa un total de 144.000 dependientes atendidos.

Esta Comunidad supera las 189.000 prestaciones, de las que el 53,6% están relacionadas con los servicios y el 46,4 con ayudas económicas para cuidados familiares, un porcentaje que está cuatro puntos por debajo de la media nacional. Navarro destacó que el número de prestaciones se duplicaron en 2009, respecto al año anterior, al crecer en 100.000.

En concreto, a finales de 2008 había 89.000 ayudas y el pasado año la cifra han ascendido a 189.000. Asimismo, la consejera ha dicho que 42.153 personas en situación de dependencia en la Comunidad Autónoma de Andalucía reciben el servicio de teleasistencia, lo que representa el 82% del conjunto del país.