La Brigada de Expulsión de Delincuentes Extranjeros (Bedex) de la Policía Nacional ejecutó en 2009, en su primer año de trabajo, casi 7.600 expulsiones de delincuentes extranjeros que habían cometido cerca de 24.000 delitos, la mayoría contra el patrimonio.

En concreto, esta Brigada, integrada en la Comisaría General de Extranjería, realizó 7.591 repatriaciones de delincuentes: criminales reincidentes, autores de hechos de especial violencia o gravedad, terroristas y presos a los que se les sustituye la pena, están en prisión preventiva o concluyen su condena.

Y estos individuos, según informa la Dirección General de la Policía, habían cometido 23.918 delitos, de los que 10.954, el 46%, fueron delitos contra el patrimonio, el 19% (4.445) contra las personas, el 8% (1.968) contra la salud pública y el 5% (1.243) se referían a casos de violencia de género, mientras que el resto estaban relacionados con otros tipos delictivos.

A pesar de estas cifras hay que recalcar, según señala a la agencia Efe una inspectora jefe de la Bedex, que “el porcentaje de delincuentes extranjeros es una cantidad mínima respecto a la cantidad total de extranjeros que viven en nuestro país”.

Las expulsiones son ordenadas judicialmente y conllevan la prohibición de entrada en España y en los países miembros de Schengen durante diez años.

La nueva Brigada, creada a finales de 2008, mantiene una comunicación constante con las autoridades judiciales, la Fiscalía y Prisiones, y tiene por objetivo conocer la situación penitenciaria de los criminales extranjeros reincidentes para poder gestionar, si procede, su expulsión con la autorización judicial.

En este año de funcionamiento, la Brigada ha realizado 2.022 repatriaciones en el ámbito penitenciario, un 54% más que el año anterior.

Estas expulsiones engloban los casos en los que la repatriación puede sustituir a la pena en las situaciones de libertad definitiva o condicional y en los supuestos de presos preventivos.

Más de 900 criminales extranjeros han sido expulsados en 2009 como sustitución a la pena que les fue impuesta judicialmente.