El pasado lunes 27 de abril, con motivo de las elecciones municipales, se celebró una sesión extraordinaria del Pleno, donde el equipo de Gobierno incluyó la aprobación inicial IV del Plan General de Ordenación Urbana, donde, según el PA, "se recoge la regularización de la casa del actual alcalde el socialista, Rafael Quirós Cárdenas".
El Partido Andalucista, a través de su portavoz municipal, Miguel Molina, ha afirmado que “tenemos serias dudas de que sea legal aprobar este Plan General a tan poco tiempo de las elecciones municipales, por lo que vamos a poner en marcha a nuestro equipo jurídico para verificar este hecho”. Para los andalucistas, cabe la duda de que “estemos ante una necesidad general o personal por parte del alcalde, ya que este PGOU lleva tramitándose hace ocho años, y podrían haber esperado perfectamente un mes más para que la nueva corporación se estableciese y analizase si el modelo que plantea es el más adecuado o no para el desarrollo del municipio”.
Molina señala que “la prisas de última hora responden principalmente a la modificación de incluir la parcela donde está el Chalet del alcalde, en una unidad de ejecución que ya está urbanizada, la B-13, para así poder legalizar su actual vivienda que se encuentra en otra unidad de mayores dimensiones y de más difícil desarrollo como es la B-1, también conocida como El Mosquito”.
Los andalucistas que se han posicionado desde un principio contrarios a este PGOU, al considerarlo “antiguo y producto de una política económica caduca y que ha llevado a este país a la ruína”, va a poner el caso en manos de su abogado y estimar la posibilidad de presentar un recurso ante la provisional IV ya que se aprobó en la sesión plenaria con los únicos votos del equipo de Gobierno.
Es la segunda vez que ocurre, recuerda Molina Chamorro, “hace cinco años en el último pleno de la legislatura, el equipo de Gobierno socialista regaló una parcela municipal a unos privados, contraviniendo las sentencias de los años ochenta y sus pertinentes recursos, que daban la razón al Consistorio sobre la titularidad de la parcela”. El PA, continúa Molina, “llevamos al juez este expolio municipal, lo que obligó al equipo de Gobierno a allanarse en el asunto y dejar el tema paralizado”. Asegura los andalucistas, que “el pueblo de Barbate está algo cansado de que se utilice su confianza para llegar al Gobierno municipal y hacer negocios particulares o favorecer a amigos y familiares a costa del patrimonio de todos los barbateños”.
Para terminar, Molina se compromete a que si es elegido alcalde, “vamos a auditar todas las cuentas del actual equipo de Gobierno, tanto a nivel de Ayuntamiento como de empresas públicas, y si de lo que se extraiga de esa auditoría hay responsabilidades penales, la exigiremos sin que nos tiemble el pulso”.
