El Ayuntamiento de Arcos ha dado a conocer esta semana la sentencia recibida tras el proceso judicial emprendido por varios trabajadores que finalizaron su contrato y que consideraron que fue por causas polítcas, pidiendo la nulidad de su despido y por lo tanto su reincorporación al Ayuntamiento.
En este caso, se trata del séptimo trabajador que es familiar del que fuera segundo teniente de Alcalde y responsable del área de personal y Hacienda. La sentencia no obliga a la reincorporación del trabajador, sino que da la razón al Ayuntamiento afirmando que”no puede haber persecución política en la finalización de un contrato de trabajo, por ser familiar directo de un político, si precisamente fue esa relación familiar la que le permitió entrar a trabajar a dedo en el Ayuntamiento, sin haber pasado ningún proceso de selección legal”, explicaba la delegada de Personal, María José González.
La sentencia asegura que “todas las contrataciones se realizaron de forma directa y personal, sin publicidad alguna de la plaza a cubrir, sin procedimiento de contratación previo ni prueba alguna para la valoración de méritos frente a otros solicitantes”.
Ya con el nuevo gobierno socialista, se dejó de prorrogar y se dieron por extinguidos y finalizados más de 150 contratos laborales como consecuencia del déficit de más de tres millones de euros y de la decisión de llevar a cabo una regularización de las contrataciones mediante un sistema reglado de bolsa o a través del SAE, respetando los principios de igualdad, mérito y capacidad. Al menos desde 2011, todas las contrataciones en el Ayuntamiento lo fueron directamente “a dedo”’, sin convocatoria pública ni superar ningún tipo de prueba.
