El Pleno municipal ha dado luz verde a la rebaja del seis al tres por ciento de la tasa por regularización de viviendas, como también ha aprobado el convenio con la Consejería de Medio Ambiente de la Junta para la remodelación de la depuradora de aguas de la ciudad por un valor de cinco millones de euros.


En el primer punto, a pesar de quedar aprobado por unanimidad, los grupos expusieron distintos argumentos, que en el caso del equipo de Gobierno PP-Ai-Pro pasan por la necesidad de poner fin a una situación fruto de la supuesta permisibilidad de las administraciones públicas durante más de diez años, lo que ha provocado la existencia de más de medio millón de viviendas ilegales en Andalucía y de unas 3.000 sólo en el término de Arcos. Con la tasa aprobada, que equipara al municipio con el resto de la provincia, un afectado podría pagaría 400 euros por metro cuadrado. En este sentido, se sustituyen los dos conceptos anteriores que habrían incrementado esa tasa en alrededor de 1.000 euros por metro cuadrado; una cantidad que a juicio de los grupos municipales habría sido muy difícil de pagar por los afectados, que en numerosos casos son personas que se construyeron una vivienda en el campo en época de bonanza económica y que ahora sufren una situación de desempleo.


El equipo de Gobierno asegura que después de Semana Santa se comenzará a regularizar las primeras 1.800 viviendas; es decir, aquellas consideradas hasta ahora como fuera de ordenación y que no afectan a zonas especialmente protegidas, porque estas encontrarían una vía legal con el desarrollo del nuevo Plan General de Ordenación Urbana cuya aprobación provisional está a la vuelta de la esquina después de tres años de trabajo por parte de la Delegación de Urbanismo.
El portavoz del grupo Ven-T, Antonio Ortiz, dio el voto favorable porque consideró que la rebaja de la tasa es positiva y además viene respaldada por un informe favorable.


El grupo socialista se felicitó porque la rebaja de la tasa se corresponde con una demanda que ya planteó en el Pleno hace un año, de ahí que  tildara la iniciativa del equipo de Gobierno de “electoralista” a tan sólo dos meses de las elecciones municipales del 24 de mayo.
Por su parte, el ejecutivo volvió a lamentar que durante el gobierno socialista se dejara de cobrar la friolera de 22 millones de euros en concepto de sanciones urbanísticas y que se dejara los expedientes en un cajón, a lo que el grupo opositor respondió que el Gobierno PP-Ai-Pro también ha tenido cuatro años para ejecutar las sanciones.


El grupo socialista se preguntó cómo afectaría esta rebaja a la capacidad de ingresos del Ayuntamiento, ya que teóricamente supondría ingresos por debajo de las estimaciones. El Gobierno le pidió que no se preocupara por este punto cuando a lo largo de ocho años se dejó de ingresar supuestamente 22 millones de euros por sanciones.  El portavoz del grupo socialista, Isidoro Gambín, acusó al grupo Ai-Pro de haber “vendido a bombo y plantillo el proceso de regularización como tema estrella de su programa electoral” cuando a unas semanas de la finalización del mandato el proceso aún no se ha puesto en marcha.


El portavoz de Ai-Pro, Manuel Erdozain, criticó a Gambín por el reparto de una hoja informativa del PSOE que, según el también delegado de Urbanismo, “mete miedo” y “crea incertidumbre” entre los habitantes de esas viviendas rurales.  En este punto, ambos portavoces se enzarzaron porque, según Erdozain, el nuevo equipo de Gobierno es “el único” preocupado en dar una solución legal a este grave problema urbanístico. Igualmente, Erdozain criticó que el PSOE contemple en su programa electoral “un PGOU más participativo” cuando el documento está a punto de ser aprobado, por lo que lo acusó de desconocer la realidad de la gestión municipal.


El portavoz del PP, Sebastián Ruiz, se reiteró en los mismos argumentos de su compañero Erdozain para criticar la falta de actuación del anterior gobierno socialista en esta materia. Así, dijo quedarse con “la imagen” de la solución legal dada a casi 3.000 familias de la ciudad frente a la inacción socialista. El portavoz popular hizo un alegato de la gestión municipal en las barriadas rurales y citó, como ejemplo, el nuevo asfaltado que disfrutará El Charcón estos días, amén de las obras ejecutadas para mejorar el abastecimiento de aguas en las barriadas rurales.  El comentario de Ruiz provocó, ya en el segundo turno de intervenciones, un agrio, e incluso desagradable debate, sobre la gestión de las administraciones públicas, ya que el Gobierno PP-Ai-Pro acusó al PSOE de la falta de compromiso de la Junta en Arcos, mientras que el portavoz socialista le citó las obras y planes de empleo ejecutados. 


En fin, mucho debate para un tema en el que todos los grupos estaban de acuerdo: la búsqueda de una salida legal a las casi 3.000 viviendas ilegales de Arcos, por lo pronto 1.800 a partir de este mes.

El equipo de Gobierno trasladó a la sesión plenaria el convenio marco con la Consejería de Medio Ambiente de la Junta por el que esta llevará a cabo la remodelación de la estación depuradora de aguas residuales de Arcos; un proyecto que comporta cinco millones de euros de inversión entre el equipamiento y la obra civil que ojalá pueda ejecutar una empresa local, según apuntó el equipo de Gobierno a sabiendas de que el concurso para la adjudicación está abierto por ley al territorio nacional.  Este punto, que fue votado igualmente de forma unánime, despertó un nuevo debate sobre el cobro del canon autonómico por parte de la Junta en el recibo del agua. Quedó de manifiesto que hasta ahora de poco ha servido ese canon porque la Junta no ha llevado apenas obras hidráulicas en la localidad. Este canon supone unos 600.000 euros que salen del bolsillo de los ciudadanos cada año. No obstante, la obra de la depuradora que costeará la Junta justificaría con creces ese canon. El Gobierno espera que la obra no se quede en papel mojado y pueda ser una realidad, como también la puesta en marcha de la depuradora de Jédula, aún pendiente de solucionar un problema de cotas para su funcionamiento.

La plaza Vera Cruz
Otro de los puntos del pleno fue el nombramiento de la conocida hasta ahora como plaza del Sindicato como plaza del Santísimo Cristo de la Vera Cruz. El equipo de Gobierno, contando con el voto favorable de todos los grupos, se hace así eco de una demanda de la hermandad que este año cumple su 475 aniversario fundacional, lo que la convierte en la más antigua de Arcos y una de las más antigua de la provincia. Era deseo de la hermandad de que la plaza próxima a la iglesia de San Juan de Dios, sede canónica de la cofradía, pasara a llamarse Santísimo Cristo de la Vera Cruz. En este sentido, la plaza en cuestión no tenía nombre oficial al formar parte de la calle Corredera, que a partir de ahora, con este nombramiento, quedaría reducida.


Lo peor de la sesión fue el ambiente de crispación generado en el debate entre los portavoces del PSOE, PP y Ai-Pro, donde nuevamente salieron a relucir las políticas de empleo público, “los petos amarillos”, los gastos municipales, los programas de las distintas administraciones... e incluso el papel de los medios de comunicación.
El alcalde arcense del PP, José Luis Núñez,  pondría epitafio a la sesión plenaria deseando a todos “Feliz Semana Santa”.