Guinea Bissau se sale con la suya y los buques pagarán 300.000 euros

Ni el amparo legal de Convemar, norma internacional ratificada por el estado de Guinnea Bissau; ni la leve gestión de la Unión Europea, “que se salió del tema enseguida”; ni las labores diplomáticas del gobierno español... Nada ha servido para hacer convencer al gobierno de Guinnea Bissasu de la ilegalidad de pedir una sanción de 100.000 euros a cada uno de los tres buques onubenses (dos con puerto base en Huelva y uno en Lepe) que apresaron el pasado nueve de octubre. Las autoridades guineanas no se ‘bajaron del burro’, y ayer cumplía el plazo puesto a los buques españoles para que pagaran la sanción impuesta.
Una sanción motivada por el hecho de que los buques onubenses repostaron gasoil en alta mar a 135 millas de la costa, acción que según las autoridades del país del oeste africano, infringía la legalidad guineana. Pero, según establece la normativa internacional, este repostaje está prohibido en las primeras 24 millas, razón por la que los armadores han luchado durante los últimos 21 días para poder ser liberados sin tener que pagar los 300.000 euros que les pedían.
Palos al agua, y nunca mejor dicho, porque, tal como confirmó ayer a Viva Huelva Ángel Muriel, presidente de la asociación de armadores Anamar, y gerente de uno de los buques apresados, “a partir de mañana (por hoy) empezaremos a irnos” teniendo que pagar una cantidad “que no sé cómo la vamos a conseguir, pero bueno estamos en un trabajo de empresas difíciles, y ésta es otra más”. Muriel explicó que “estamos esperando que nos llame alguna administración” para que puedan ser ayudados a afrontar la ilegal multa de los guineanos, y olvidar cuanto antes una situación “decepcionante” con la que “se ha abierto la veda para que esto que nos han hecho a nosotros, lo hagan más a menudo”, y con la que el sector de los armadores sufren un nuevo revés dentro de un mundo cargado de tempestades.