Escribo estas líneas el día de la patria andaluza con la intención de profundizar en el concepto jurídico-sociológico traído a colación la semana pasada en esta misma tribuna, esto es, la legitimidad como unidad de medida de la aprobación social que merecen las instituciones de naturaleza pública o privada. Introducido el concepto, hemos de profundizar en el mismo y cómo desde el proyecto de investigación que nuestro despacho desarrolla junto con la Universidad de Sevilla vamos a analizarlo para lograr, entre otras finalidades, articular una herramienta que sea útil a las instituciones para medir ese grado de legitimidad en la sociedad.
Para comenzar hemos de delimitar los sujetos que intervienen en ese estudio. Por un lado, las instituciones legitimadas, o no. Aquí, para familiarizarnos con el concepto, es común reconocer cómo buscan ese reconocimiento social las empresas privadas a través de acciones sociales, fundaciones o campañas para rebatir actuaciones puntuales que las han desprestigiado. Pero esta idea enfocada a las instituciones en que se vertebra la sociedad civil se complica sobremanera.
Hablamos no sólo de las administraciones públicas, sino también de instituciones como asociaciones, los colegios profesionales, organizaciones no gubernamentales o entes de ámbito internacional. Y es aquí donde radica la novedad del concepto, pues resulta natural o cotidiano el rechazo o decepción que genera una empresa -que presta unos servicios o vende unos bienes con finalidad puramente mercantilista- ante una actuación desaprobada socialmente y donde la misma tiene que defender su posición en el mercado; mientras que, tratándose de una entidad de derecho público, dicha desaprobación es másdifícil de diagnosticar, o más aun de corregir.
Es por ello que el análisis de la legitimidad debe centrarse en el estudio de la concordancia entre los fines y objetivos de dichas instituciones, y la percepción social que de los mismos tienen sus miembros y la sociedad en general.
No es lo mismo el desprestigio de una empresa de refrescos de la que se descubre que vende una bebida adulterada, y que puede corregir esa contingencia mediante acciones sociales o abaratando su producto, que una institución pública como puede ser la Junta de Andalucía o la Administración de Justica que, ante una acción que genera un rechazo social, no cuenta con los mismos instrumentos para reconstituir su prestigio, y es ahí donde entra la herramienta que desde la Fundación de Investigación de la Universidad de Sevilla junto con el despacho del que formo parte, se está articulando con el objetivo de que estas entidades no pierdan su papel indispensable en la sociedad.
