Los cuatro técnicos que han declarado como imputados este viernes ante la juez de Instrucción número 3 de Sevilla, que investiga la adjudicación a la agrupación empresarial México-Minorbis de los derechos de explotación del yacimiento minero de Aznalcóllar, en detrimento de Emerita Resources España, han asegurado que la solvencia económica del grupo ganador estaba acreditada por unos fondos propios de 10.000 millones de dólares, entre otros factores.
Fuentes del caso han informado a Europa Press de que la juez ha tomado declaración a Julio Ramos Zavala, miembro de la mesa de contratación en representación de la Consejería de Hacienda; Alberto Fernández Bueno, miembro de la comisión técnica en calidad de jefe de área de Minas; Juan José García Bartolomé, miembro de la comisión técnica y gerente de Inversiones en Invercaria, y a Pilar Orche, funcionaria del Cuerpo Superior Facultativo de Ingenieros de Minas de la Junta y asesora técnica de Ordenación Minera.
Las fuentes han indicado que los técnicos han coincidido en señalar que la solvencia económica de Grupo México estaba acreditada por unos fondos propios de 10.000 millones de dólares, por su capital social y por su volumen de negocio, añadiendo que se analizó la declaración responsable que presentó Minorbis en nombre de Grupo México donde venían reflejados todos esos datos.
TALUD SUR
Además, han dicho a la juez que se consultó la página web de Grupo México, pues por Ley está obligado a publicar todos estos datos anualmente.
Respecto al acceso por el talud sur de la corta, los técnicos han asegurado que el proyecto presentado por el grupo ganador ofrecía una "muy buena" solución técnica al plantear la entrada por una galería subterránea ubicada a más de 300 metros del talud, que a su vez evitaba filtraciones de agua en este último.
Las fuentes han destacado que los cuatro técnicos han aclarado "todas las dudas técnicas" que pudiera haber sobre el proyecto ganador.
El pasado día 17 de septiembre, ya comparecieron ante la juez los primeros tres imputados, entre ellos la ex directora general de Industria, Energía y Minas de la Junta María José Asensio Coto, quien defendió que la Junta actuó con "legalidad" y fue "especialmente exquisita" en este caso.
María José Asensio, durante su comparecencia, aclaró todas las fases del procedimiento del concurso de Aznalcóllar, destacando la "rigurosidad" de la actuación de la mesa del concurso, la "legalidad" de su actuación y la "igualdad de trato" otorgada a las empresas, también a la perdedora, Emerita Resources.
En particular, Asensio quiso exponer las cifras de los proyectos de las empresas competidoras, puesto que desde que se hizo pública la identidad de la empresa adjudicataria han sido numerosas las opiniones que han atribuido al proyecto de Emerita una cuantía inversora superior que la justificada por Minorbis. Para aclarar este punto, Asensio indicó que Emerita "ha querido computar como gastos de inversión lo que eran fundamentalmente gastos de operación de la mina".
Según estas fuentes, si se tiene en cuenta la cifra de inversión para poner en marcha la mina de Aznalcóllar, las ofertas de la empresa ganadora y de Emerita "son similares", ya que el presupuesto de Emerita asciende a 317 millones, mientras que el de Minorbis es de 304.
NIEGA "TRATO DE FAVOR" A MINORBIS
Por otro lado, Asensio también desmintió "cualquier clase de presunto trato de favor" a Minorbis, añadiendo que la mesa "actuó siempre favoreciendo la concurrencia de los licitadores, en aras de que, gracias a la competencia entre ellos, pudiera surgir el mejor proyecto minero para la comarca".
Por ejemplo, cuando presentó su anteproyecto, Emerita estimó su inversión en 235 millones, de los que sólo 21,5 millones correspondían específicamente a actuaciones mineras, "utilizando esa cifra porque el volumen de negocio del banco de inversión canadiense Forbes & Manhattan que avalaba su oferta tan sólo podía respaldar esa cantidad".
Por tanto, la oferta presentada fue admitida "con generosidad" por la mesa del concurso "por un principio de favorecimiento de la competencia". Sin embargo, "si entonces hubiera indicado que su proyecto ascendía a 640 millones como luego ha contado a los medios, Emerita no hubiera podido continuar en la licitación por no tener solvencia económica para acometer un proyecto de tal entidad".
Por último, y a preguntas de la juez, Asensio recalcó que la empresa que auxilió a la Administración en la fase preliminar del concurso fue Servicios Mineros de Andalucía. Posteriormente, algunos de los técnicos de esa empresa colaboraron con ambas licitadoras, tanto con Emerita como con Minorbis, colaboración que "no contravenía la legislación de concursos".
Además de a la ex directora general de Minas, la magistrada también tomó declaración como imputados el 17 de septiembre a la letrada de la Junta de Andalucía Pastora Sánchez de la Cuesta y al interventor delegado en la Consejería de Hacienda y Administración Pública José Marcos.
