Los Puntos de Encuentro Familiar (PEF) de Andalucía han atendido en los primeros seis meses del año a un total de 1.733 menores con padres en conflicto entre los que media una resolución judicial para llevar a cabo el régimen de visitas.

   Este servicio público dependiente de la Consejería de Justicia e Interior de la Junta ha atendido desde enero de 2011 a cerca de 4.000 menores en los diez puntos que tiene repartidos en la comunidad andaluza, ocho en las capitales de provincia y dos Algeciras y Marbella, según los datos remitidos a Europa Press por la Consejería.

   Estos puntos tratan de establecer, en familias en situación de ruptura de convivencia que son derivadas a ellos por la Justicia, los vínculos necesarios para un buen desarrollo psíquico, afectivo y emocional del menor; así como garantizar que el cumplimiento del régimen de visitas no suponga una amenaza para la seguridad del menor y prevenir la violencia doméstica.

   Así, los centros cuentan con un equipo de psicólogos, pedagogos, trabajadores sociales y educadores especialmente formados para la atención de casos de conflictividad familiar y menores en riesgo, que pertenecen a entidades privadas bajo la supervisión y control de las distintas Delegaciones del Gobierno en las provincias, y coordinados por la Dirección General de Violencia de Género y Asistencia a Víctimas.

   Recientemente se han inaugurado unas nuevas dependencias en el barrio de Los Bermejales de Sevilla, que complementa a las dependencias ya existentes en La Macarena, ante el aumento de la lista de espera para hacer uso de este servicio y con la intención de tramitar de forma especializada los casos vinculados a la violencia de género. 

PROYECTO DE UNA NORMATIVA QUE LOS REGULE

   El consejero de Justicia e Interior de la Junta ha llamado la atención sobre la falta de una normativa que regule algunos aspectos de estos centros. Por un lado, ha resaltado que sería "muy conveniente" que no sea únicamente el juez el que pueda derivar a las familias a estos Puntos de Encuentro, sino que "también puedan hacerlo los servicios sociales de la Junta cuando vean que hay una situación de conflicto, aunque no esté judicializada".

   Asimismo, ha señalado que otro problema que hay que atajar es delimitar más las competencias de estos centros, pues "en muchos casos llegan menores o padres que tienen anomalías psíquicas, que requieren una terapia individualizada que debe prestarse en centros de Salud".

   Por ello, De Llera ha anunciado la puesta en marcha de una normativa para regular estos aspectos que estará lista "en esta legislatura", incidiendo en que este servicio prestado por la Administración autonómica "no va a desaparecer".

   "En Andalucía tenemos una voluntad política inquebrantable de mantener los servicios sociales, a costa incluso a veces de sacrificios muy grandes y quitar dinero de otros sitios", ha apostillado.