La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sospecha que, durante el mandato de Daniel Alberto Rivera como director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía, y teniendo como base una serie de declaraciones tomadas, "se sacó de los expedientes documentación que pudiera haber resultado comprometida o de interés para la investigación" que lidera la juez Mercedes Alaya en torno a los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos.
Así consta en las conclusiones del atestado que ha sido remitido a la juez de Instrucción número 6 de Sevilla bajo el título 'Informe sobre el funcionamiento de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía en el periodo 1999-2010', compuesto por el informe en sí acompañado por 50 anexos y que ha motivado que la magistrada suspenda todas las declaraciones previstas de imputados a fin de proceder al estudio del atestado.
En el atestado, al que ha tenido acceso Europa Press, los agentes analizan el funcionamiento de la Dirección General de Trabajo bajo los sucesivos mandatos de Francisco Javier Guerrero, Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera. Así, en el punto referido al mandato de Guerrero, encarcelado desde el 10 de marzo en la prisión de Sevilla-1, consideran que "los miembros del Consejo de Gobierno sí conocerían el sistema utilizado" para conceder las ayudas investigadas, "participando en mecanismos que lo harían viable".
No obstante lo cual, los agentes de la UCO sí afirman con rotundidad que, de las actuaciones llevadas a cabo, "no se deduce que se destruyera documentación alguna durante las revisiones realizadas ni en la Dirección General de Trabajo durante el fin de semana del 20/21 de noviembre de 2010, ni posteriormente por los equipos que trabajaron tanto desde esta Dirección General como desde" la Consejería de Empleo, añadiendo que "el objeto de la revisión era el hallazgo de irregularidades que eran tramitadas a través" del departamento de Rivera "a los responsables" de dicha Consejería.
Al comienzo del atestado, los agentes de la UCO dicen que el informe aportado a la magistrada "será oportunamente ampliado consecuentemente al desarrollo de las investigaciones llevadas a cabo por esta Unidad, procediendo a la elaboración de nuevos atestados relativos, entre otros asuntos, a las ayudas a empresas concedidas por la Junta y al posible conocimiento de los hechos por otras consejerías y por otros órganos superiores de la mencionada Administración".
