Aunque tiempo atrás afirmaba que no era la prioridad una modificación sustancial del marco de las relaciones laborales, por entender que no era ahí donde radicaba el problema del desempleo, ahora pienso distinto. Después de todo, de sabios es rectificar, que suele decirse, y nada digno de elogio que uno se someta a la esclavitud de una opinión, ya sea propia o ajena.
Creo honestamente que el equipo de Rajoy tenía que acometer algún cambio en esta materia. Y más aún teniendo en cuenta el escaso margen de maniobrabilidad que tienen los gobiernos, no ya en el seno de la UE, sino también fuera, por imposición de las reglas de ese juego llamado Economía Mundial en el que nos encontramos inmersos, quizá atrapados más bien. Estaba obligado –el Ejecutivo español– a mover ficha y la ha movido. Otra cosa es que uno comulgue con lo que ha hecho.
No he leído el texto íntegro de la reforma laboral, pero sí un documento en el que se sintetiza y se recogen los aspectos principales. Como era de esperar, el nuevo marco de relaciones propuesto, y ya en vigor, supone –es verdad– un claro retroceso en lo que se refiere a los derechos adquiridos de los trabajadores y la ruptura con el sistema basado en la negociación, el diálogo y el acuerdo entre las partes hasta ahora existente.
La nueva legislación no viene sino a dar cobertura legal a una situación que, de facto, se viene produciendo desde hace ya tiempo. Al menos en lo que se refiere a la pequeña y mediana empresa y los autónomos que, como todo el mundo sabe, y desde el PP no se cansan de repetir hasta la saciedad, constituye más del 90 por ciento del tejido empresarial de este país. Pues, como todo el mundo sabe también, la mayoría de dichas empresas –asumo que pueda sonar políticamente incorrecto lo que voy a decir a continuación– ya han estado haciendo lo que les ha venido en gana, no digo que no para sobrevivir. Con prácticas como el pago del salario mínimo estipulado en convenio y poco más, contratos de media jornada para personal que trabaja a jornada completa o la incorporación de trabajadores sin alta en la Seguridad Social, entre otras de similar cariz, pillerías ante el fisco aparte.
Puede que haya quien por lo expuesto me acuse de criminalizar al emprendedor que arriesga su dinero. No era esa ni es mi intención. Si acaso, evitar que se señale constantemente hacia los curritos y se les tache de vagos e improductivos, casi como si fueran todos ellos poco menos que culpables de la crisis. Que nadie se llame a engaño. Al contrario de lo que se pregona, esta reforma se ha diseñado para las grandes empresas, las burocratizadas, en las que es más difícil apaños como los antes mencionados para capear el temporal, y a fin de facilitar las reducciones de plantillas en el sector público, necesitado de ello.
En el ámbito de una economía de mercado como la nuestra todas las regulaciones de las relaciones laborales, las ya derogadas, la actualmente en vigor y las que en un futuro vengan, han otorgado, otorgan y otorgarán primacía al empleador en detrimento del empleado, con mayor o menor protección para este de cualquier abuso, según el caso.
Y lo malo del asunto es que no puede ser de otra manera, dadas las circunstancias. ¿Se imaginan una sociedad en la que el predominio de la situación estuviera en el factor trabajo en lugar del factor capital propiamente dicho?
A fin de cuentas, vivimos en un mundo en el que rige el principio verdadero, pero viciado, de que sin empresarios no hay empleo y se obvia el hecho impepinable de que sin trabajadores no hay empresa que valga.