La polémica con el colectivo Valcárcel Recuperado, el cambio de mando en la provincia, las consecuencias de la crisis económica dentro del cuerpo de Policía Nacional o su personación en el próximo juicio contra el ex jefe de la Udyco II, son algunos de los temas de los que hemos hablado con Francisco Camacho, secretario provincial del Sindicato Unificado de Policía.

—¿Qué visión tiene el Sindicato Unificado de Policía (SUP) respecto a la actuación de sus compañeros durante el desalojo del colectivo Valcárcel Recuperado en la Facultad de Filosofía y Letras?

—La actuación policial, una vez analizada por la Comisión Ejecutiva del SUP, observamos que se realiza con rigor y respetando la legalidad. Lo que nos ha molestado muchísimo las declaraciones efectuadas por el decano que era conocedor de todo lo que iba a ocurrir. Es decir, la policía tenía información de que este grupo, Valcárcel Recuperado, se había recluido en la Diputación y allí había decidido reventar la conferencia del juez Grande-Marlaska, organizada por la Asociación de la Prensa de Cádiz y por el Bicentenario.

—En un principio, en la sala de la conferencia, estaban dos escoltas del juez y un agente… ¿es así?

—Grande Marlaska es una persona pública, magistrado de la Audiencia Provincial que está amenazada. Lógicamente, la Comisaría Provincial recibe desde Madrid la comunicación de que hay que prestarle la protección que requiere una persona amenazada, como es el caso. A sus escoltas personales se pone a disposición un funcionario de esta plantilla, que es el Jefe de Seguridad Ciudadana el cual coordinada el dispositivo de seguridad previsto para actuar en el caso de que durante la conferencia ocurriese algún tipo de incidente….

—Y algo ocurrió, ¿no?

—Ocurrió que el grupo de personas que defienden la ocupación del colegio Valcárcel, entran allí sin ningún problema ni impedimento, ya que el acto era de libre acceso. Entraron unas 50 personas de este colectivo, más de las que asistían como público. Desde el interior, la escolta del juez es quien informa de lo que ocurre allí, es decir, que el colectivo se levanta, despliega una pancarta y lee un manifiesto, en actitud algo hostil. Pero es cuando se disponen a salir cuando amenazan y provocan la trifulca con el único funcionario de uniforme presente. Este agente no provoca nada, más teniendo en cuenta que enfrente tenía a una treintena de personas recriminándole su presencia. Luego arrecian los insultos y es empujado, con lo que recibe la ayuda de uno de los escoltas. Ambos reciben numerosas agresiones, patadas y empujones, y solicitan el apoyo de los compañeros del dispositivo de seguridad que se encontraba en Carlos III, a unos diez minutos de la Facultad.

—¿Y cómo define la actuación de este dispositivo de seguridad?

—Correcta. Muy correcta y proporcionada. Lo primero que hicieron fue identificar al agresor y detenerlo, e identificar a otras tres personas. Querían que entrásemos en el Aula Magna, nunca se hizo en espera de un requerimiento.

—Cambiando de tema, el año pasado entró una nueva comisaria provincial, Concepción de Vega Caamaño… ¿Qué tal el cambio?

—El cambio ha sido sustancial. Con la nueva comisaria ha llegado una nueva época, con más democracia, un aire fresco y un poquito más de seriedad en cuanto al mando de la Comisaría, que se realiza con más rigor y se está poniendo a la gente en su sitio. Una consecuencia de esto es que en 2011, a pesar de la crisis y del alto número de desempleados, los índices de delincuencia han disminuido.

—Háblenos de esta última afirmación…

—Quiero decir que el trabajo del Cuerpo Nacional de Policía podríamos calificarlo de extraordinario, muy bueno y en gran medida, es gracias al esfuerzo y al trabajo realizado por la comisaria al mando en este su primer año como jefa en esta provincia, que es una provincia , como todo el mundo sabe, muy complicada en muchos aspectos. De ella dependen ocho comisarías muy importantes, como Algeciras con casi 600 funcionarios en puestos de trabajo, El Puerto de Santa María, que ronda los 500 agentes, La Línea con más de 300. Además, es una provincia que es frontera del Norte de África con Europa. En definitiva, desde el SUP creemos y hemos notado que el cambio en la Jefatura ha venido muy, pero que muy bien.

—En cuanto a la provincia, ¿también han descendido los delitos?
—El día 26 de este mes tenemos una asamblea provincial en Jerez y allí se pondrán sobre la mesa las estadísticas concretas cuyos números no tengo ahora mismo, pero sí creo que los índices delincuenciales, en una comparativa entre 2011 y 2010, son positivos. Es lo que te comentaba antes, en un año tan complicado como 2011, contar con esos índices de delincuencia es para felicitar a todo el mundo y quiere decir que los cuerpos de seguridad en la provincia están funcionando bien.

—Comparte la percepción de que los delitos han variado con la crisis, por ejemplo, con robos como el del cobre…

—Sí… han proliferado mucho los robos en empresas, y también el robo de cobre como los que se llevan a cabo en las vías férreas, con miles y miles de kilos de cobre sustraídos. Y el daño no es sólo la cantidad robada, sino tener que volver a poner en marcha unas infraestructuras. Creo que es mayor el daño en cuanto a molestias a la ciudadanía y al trabajo que supone de reparar las zonas afectadas, que el dinero que se pueden sacar con la venta del cobre. Un kilo de cobre se paga a unos seis euros… para ganar cien euros te tienes que llevar 30 kilos… por lo tanto, el daño que causan en las instalaciones es tremendo.

—¿Existe aún déficit de personal en las distintas comisarías de la provincia de Cádiz?

—En términos generales, la plantilla del Cuerpo Nacional de la Policía ha aumentado bastante en los últimos cuatro años. Ahora digamos que la línea será descendente… y es que sólo hay dos promociones en marcha, la 27, con 367 funcionarios, y la 28, con 128 agentes. Es la oferta de empleo público de estos dos últimos años. Si tenemos en cuenta que las estimaciones hablan de unos dos mil y pico de jubilaciones al año. Si en estos últimos años hemos ganado en torno a 7.000 funcionarios, si seguimos así, en tres años habremos perdido lo que hemos ganado en cinco años o seis años.

—La crisis afecta…

—Sí, la crisis hace mella en el cuerpo de Policía Nacional y también en la Guardia Civil. Las convocatorias de empleo público para las fuerzas de seguridad son raquíticas. No cubren ni siquiera el 10 por ciento de las bajas anuales que se producen.

—Y en cuanto a material, ¿también se nota la crisis?

—Muchísimo. Estamos fatal. Tendríamos que remontarnos al año 1995 para reflejar nuestro estado actual. Prácticamente todas las comisarias sufren carencias en medios materiales, padecen una escasez brutal. Por ejemplo en los vehículos. Hay coches que por un simple problema con la batería se han llevado meses sin arreglarse por falta de dinero para cubrir la avería. A finales de año, llegó una cuantía de 20.000 euros para el arreglo de vehículos y se han arreglado muchos de los que llevaban meses con averías, algunas insignificantes como las pastillas de freno. Hablamos de algo que se arregla con 45 euros.

—Y en la zona de Algeciras…

—El Campo de Gibraltar, por decirlo de alguna manera, es poco apetecible como destino de los agentes del Cuerpo Nacional de Policía, no se muy bien por qué, pero la realidad es que llegan los funcionarios, la mayoría como primer destino, y al año, año y medio, a los dos años como mucho, todo el que se puede marchar, se marcha. Se van alrededor de un 70 por ciento de los que llegan. Es un problema, hemos pedido inclusive crear para ese destino una especie de plus para dar un pequeño aliciente a ese destino y los funcionarios se puedan quedar más tiempo. Por ahora, la Dirección General no ha puesto ninguna solución a este problema. En la actualidad, en La Línea había un déficit de funcionarios que se palió con la promoción 25B y del último curso de Oficiales de Policía también mandaron allí a diez agentes. Este verano pasado llegaron entre ambas promociones 70 agentes, por lo el Catálogo de Trabajo de La Línea puede estar actualmente en un 96 por ciento. Algeciras está peor, está entre 80 y 100 funcionarios en relación a su Catálogo de Puestos de Trabajo. Es una plantilla amplia y muy peculiar, porque allí está el Puerto más importante de Europa, los hospitales, y el Centro de Internamiento de Extranjero. Algeciras es la plantilla, dentro de la provincia , más descompensada en cuanto a déficit de personal.

—¿Y en la zona de Jerez y Sanlúcar?

—Jerez, Sanlúcar y El Puerto, están más o menos bien de personal, pero no de medios materiales. Están la Unidad de Motos, en Jerez, que tiene ocho funcionarios y cuatro cascos. En el año 2011 lo único que llegó de indumentaria fueron un par de guantes. No tienen el uniforme adecuado para ese servicio. Allí se presentó un curso de prácticas laborales porque en el mes de diciembre uno de los motoristas se cayó y se echó abajo toda la pierna al no llevar la ropa adecuada con sus protecciones reglamentarias. Esa lesión se podría haber evitado.

—¿Y en Cádiz capital?

—En Cádiz las motos no existen. Las motos el anterior comisario las eliminó. Y tenemos que reconocer que en Cádiz, al igual que en Jerez, las motos realizaban una labor muy buena y reconocida por empresarios y por los comerciantes del centro urbano. Estaban muy pendientes de los comercios y éstos estaban contentísimos… pero bueno, el comisario anterior tomó esa decisión.

—Como sindicato estáis personados en el próximo juicio que comienza el 8 de febrero contra Víctor R. R., ex jefe de la Udyco II…

—Sí nos presentamos como Acción Popular y lo que pedimos es que se haga justicia y que asuma sus responsabilidades. Hoy lo decimos en voz alta, lo que más nos preocupa es acabar con cualquier tipo de corrupción en la policía, y en segundo lugar, la seguridad jurídica del resto de funcionarios que formaban ese grupo de la Udyco II.

—¿Cómo están estos funcionarios?

—Bueno, la mayoría de esos funcionarios ya no están en ese grupo, pero ellos estuvieron en una situación incómoda y, por qué no decirlo, de miedo, porque estás en un grupo que ves que están sucediendo cosas que no son normales pero claro, quién denuncia a su jefe. Eso se convirtió en un secreto a voces, la noticia corrió como la pólvora en la Comisaría y llegó a oídos de este sindicato, el cual realizó sus averiguaciones y la persona que está como testigo protegido en el juicio, interpone la denuncia, y nosotros entonces decidimos que teníamos que personarnos como acusación popular para que se haga justicia.