Un informe elaborado en el propio Tribunal Constitucional (TC) ha concluido que la corte de garantías "no puede impedir" que otro órgano jurisdiccional, ya sean jueces, magistrados u otros tribunales, acudan al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), en el marco de la polémica desatada por la intención del presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido, de frenar la cuestión prejudicial que la Audiencia de Sevilla sopesa plantear en relación con el 'caso ERE'.
Según ha avanzado 'El Español' y confirman fuentes jurídicas a Europa Press, se trata de un informe emitido por una letrada adscrita al magistrado conservador César Tolosa que es experta en derecho comunitario.
En el mismo se dispone que "una actuación del TC español que produzca el efecto de impedir, limitar o disuadir de cualquier manera a un órgano jurisdiccional inferior de plantear una cuestión prejudicial podría incurrir en un incumplimiento del Derecho de la Unión".
El debate surgió tras conocerse que la Audiencia de Sevilla, que debe dictar las nuevas sentencias del 'caso ERE' después de que el TC anulara más de una decena de condenas, incluidas las de los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, emitió una providencia donde trasladó a las partes la posibilidad de plantear una cuestión prejudicial al TJUE al considerar que el TC se ha "extralimitado" con su interpretación de la malversación y la prevaricación.
Conde-Pumpido manifestó sus dudas sobre la posibilidad de que un tribunal español pueda acudir al TJUE para desoír las sentencias del TC. Lo hizo en la reunión de la Sala Primera celebrada el pasado lunes pero posteriormente el asunto llegó a conocimiento de los demás magistrados, reunidos en la Sala Segunda. Y, ante el desconcierto interno, el tema acabó abordándose en Pleno, pese a no constar en el orden del día, a lo largo del martes y el miércoles.
De acuerdo con fuentes conocedoras de dicho debate, la postura de Conde-Pumpido contó con pocos apoyos, incluso en el sector progresista de la corte de garantías. En este sentido, detallan que varios magistrados tomaron la palabra para incidir en la necesidad de que la decisión que finalmente se adopte cuente con un amplio respaldo.
Las posiciones fluctúan desde quienes ven incuestionable --"de primero de derecho UE"-- que los jueces españoles pueden preguntar al TJUE cuando tengan dudas sobre la aplicación de las normas comunitarias al caso que tienen entre manos, hasta quienes entienden que debe defenderse la jurisdicción del TC en la ejecución de sus sentencias, barajando incluso la posibilidad de anular la providencia de la Audiencia de Sevilla.
Las referidas fuentes puntualizan que la postura del propio Conde-Pumpido, a quienes algunas voces achacan una iniciativa "personalísima" en este tema, se vio matizada en las discusiones que continuaron el miércoles sobre este asunto, al hablar ya de la búsqueda de acuerdo.
Se espera que el asunto se aborde en un nuevo Pleno, pero ya con el apoyo de la "documentación necesaria", según indican las fuentes consultadas. Esto es, la providencia de la Audiencia de Sevilla y los informes encargados por los distintos magistrados, ya que está previsto que a este primero se sumen otros, incluido el impulsado por Conde-Pumpido.
