La transformación del norte de Madrid en un nuevo núcleo urbano de oficinas, residencias y espacios verdes —el ambicioso proyecto Madrid Nuevo Norte— ha vuelto a toparse con un escollo jurídico de calado. La disputa legal que mantiene el grupo Baraka, del empresario Trinitario Casanova, junto con más de mil familias reversionistas, pone en entredicho la seguridad jurídica del proyecto y, sobre todo, la situación financiera de BBVA, principal accionista de la promotora CREA Madrid Nuevo Norte con un 75%.
El conflicto se centra en los llamados “derechos de reversión” de los terrenos expropiados en los años 70 para construir la estación de Chamartín, reconvertidos ahora en suelo urbanizable. Aunque los organismos públicos implicados, como Adif y el Ministerio de Transportes, han defendido la caducidad de esos derechos, documentos revelados en sede judicial contradicen esa narrativa. La Abogacía del Estado, en un dictamen hasta ahora oculto, reconoce que la disputa sigue viva y que debió reflejarse en los registros y contratos del proyecto.
Casanova ha llevado el caso hasta la SEC estadounidense y la CNMV española, advirtiendo que a la entidad presidida por Carlos Torres, que anotó un beneficio contable de mil millones tras adquirir los terrenos sin provisionar posibles contingencias judiciales. La situación podría afectar tanto a su reputación como a futuras operaciones con su participación en CREA. Ni el banco ni su auditora EY han respondido a las advertencias, lo que eleva la tensión regulatoria.
Mientras el pleito sigue su curso en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el riesgo de que una eventual sentencia favorable a los reversionistas obligue a devolver los terrenos o indemnizar con una cifra millonaria no puede ser descartado. Un caso que combina inseguridad jurídica, opacidad institucional y una de las mayores apuestas inmobiliarias de Europa.
