La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha vuelto a reclamar este jueves un convenio sobre la financiación de la dependencia similar al que el Gobierno central ha firmado con el País Vasco.
Así lo ha señalado en una pregunta del diputado del Grupo Parlamentario Socialista José Luis Ruiz Espejo sobre los convenios para mejorar la atención a las personas mayores. En su intervención, la consejera ha criticado que el diputado haya dedicado tiempo a hablar sobre la financiación de la dependencia en diferentes comunidades autónomas sin reclamar un convenio similar al que el Gobierno central ha firmado con el País Vasco.
Con respecto al balance de los convenios, la consejera ha afirmado que los resultados han sido positivos y han contribuido a reducir la brecha digital de las personas mayores. Ha detallado las inversiones realizadas, destacando la modernización de equipamientos TIC en residencias y centros de participación activa por un importe de 1,4 millones de euros. Además, ha mencionado la organización de talleres con una inversión de 2,3 millones de euros, beneficiando a 134.981 usuarios.
También ha recordado la colaboración con la Fundación Caixa, en virtud de la cual se han desarrollado 247 actividades en 62 centros, alcanzando a 2.707 personas mayores. Asimismo, ha informado sobre el convenio con la Universidad de Huelva para investigar y mejorar las competencias digitales en los 168 centros de participación activa de titularidad pública.
En cuanto a las subvenciones, ha explicado que se han destinado 1,1 millones de euros para seis proyectos de ayuntamientos de más de 100.000 habitantes y 432.103 euros para tres proyectos en ayuntamientos de más de 50.000 habitantes. También ha destacado la concesión de subvenciones con cargo al IRPF por un importe de 212.898 euros y la financiación de siete proyectos más con una cuantía total de 11.150 euros.
Por su parte, el diputado José Luis Ruiz Espejo ha insistido en la necesidad de disponer de un balance detallado sobre la ejecución de los 164 millones de euros anunciados en 2022 para estos convenios. Ha señalado que distintas entidades, entre ellas Facua y el Defensor del Pueblo, han solicitado información sobre el uso de estos fondos sin obtener respuestas satisfactorias. Además, ha recordado que en mayo de 2024 la Dirección General de Personas Mayores presentó un informe en el que se indicaba que el convenio se encontraba en fase de análisis, pero dicho informe carecía de un balance real sobre las actuaciones llevadas a cabo.
El diputado ha cuestionado cómo se ha decidido continuar con la cooperación entre la Consejería y las entidades bancarias sin una evaluación clara de los resultados previos. Ha subrayado la importancia de establecer objetivos concretos y medibles en cualquier nuevo convenio y ha reiterado que la iniciativa ha tenido un exceso de propaganda y una falta de transparencia en su ejecución. Finalmente, ha insistido en que cualquier futuro acuerdo debería contar con mecanismos de evaluación claros para asegurar su eficacia y beneficios para las personas mayores.
