El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha anunciado que va a reclamar al Gobierno central y a la Junta de Andalucía que apliquen medidas fiscales que permitan rebajar el precio de las viviendas protegidas hasta un 30% mientras ha defendido que el Ayuntamiento ya aplica bonificaciones en las tasas municipales, que llegan al 95% en alquiler y al 50% en las de régimen de venta.
Sanz, que ha ofrecido un balance de su Plan de Vivienda, ha aprovechado para apuntar que el precio de las VPO se ha encarecido por la inseguridad jurídica, la subida de los costes de producción, la falta de construcción y los altos impuestos y ausencia de ayudas, de los que ha culpado de forma especial al Gobierno de Pedro Sánchez, al que ya le reclamó en el acto de Hacienda El Rosario medidas fiscales.
Ahora, ha anunciado que va a reclamar no sólo al Gobierno central sino también a la Junta, que se apliquen medidas fiscales que permitan reducir el precio de las VPO entre un 25% y un 30%, entra las que ha citado la reducción del IVA, ayudas directas a la compra o al pago de intereses hipotecarios, bajando el impuesto de sociedades a las que realicen VPO o recuperando desgravaciones fiscales que se aplicaron en otras épocas.
El alcalde, que ha visto cómo la polémica ha envuelto los precios de las VPO en venta de Cruz del Campo (hasta 350.000 euros), ha defendido que “nosotros ya estamos cumpliendo nuestra parte” aplicando bonificaciones para ajustar el precio final, como son del 95% en el IBI y ICIO en alquiler y del 50% en las de régimen de venta.
Obsesión por construir viviendas
Al margen de los precios, Sanz ha insistido en su “obsesión” por construir viviendas, muy vinculado a su intención de recuperar los 700.000 habitantes, y ha asegurado que “nos quedamos cortos” con las previsiones iniciales. Según los datos aportados, gracias al Plan de Vivienda 2024-27 y al Plan de Choque, si Sevilla necesita mil VPO al año los próximos 20 años, en los próximos ocho años se construirán y entregarán ocho mil.
Así, Sevilla tiene en estos momentos 45 actuaciones repartidas por toda la ciudad, "vertebramos la ciudad", de las que 23 las ejecuta Emvisesa, y se construirán 4.603 viviendas protegidas, con la puesta en uso de 220.000 m2 de suelo, movilizando 700 millones de inversión pública y privada, lo que supone un impacto anual del 1,75% del PIB provincial y la creación de 23.000 empleos directos.
Ha hecho especial hincapié en el Plan de Choque que permitirá construir 4.600 viviendas protegidas a través de Emvisesa, la colaboración público-privada y el Plan de Enajenación de Suelos (PMS) 2024-2027. De las 23 actuaciones de Emvisesa, se contemplan 1.511 viviendas (25% en venta, 386, y 75% en alquiler, 1.125), de las que 221 ya han sido entregadas, y a las que se sumará la actuación junto a Fibes, con 689, en colaboración público-privada que están en licitación.
Con el desbloqueo de proyectos que estaban “abandonados o en cajones por desidia y dejadez”, se desarrollarán más de mil viviendas en Algodonera, Palmas Altas Sur y Fábrica de Artillería, además de las ocho actuaciones del Plan de Enajenación de Suelos que permitirá construir otras 1.321 en Palmas Altas Sur, Carretera de Cádiz, Hacienda el Rosario, Cruz del Campo y Fábrica de Artillería.
En cuanto a la parcela en San Bernardo que la Junta de Andalucía quiere modificar su calificación, de administrativo a residencial para construir viviendas privadas, sin contemplar VPO, tanto Sanz como el gerente de Urbanismo, Fernando Vázquez, han aclarado que “no se va a regalar nada a la Junta” y que en estos momentos se encuentra en estudio de ordenación, tras el cual se reajustarán las compensaciones, ya sea a través de plusvalías al Ayuntamiento o compensaciones.
En estos momentos, Sevilla cuenta con 20.000 demandantes de vivienda, un registro que ha experimentado un gran incremento a raíz del impulso de VPO y al “haber tanta oferta”, aunque Sanz ha reconocido que la ciudad “tiene que coger el ritmo de las mil VPO al año” para hacer frente a las necesidades actuales.
