Sanidad, Educación, atención a la dependencia… ¿Derechos reales, subjetivos? ¿hay personas que no lo ven de esta manera? Evidentemente haylas. Introducen en el debate el concepto de libertad para ofrecer y de libertad de elegir para quienes desean adquirir. Porque no asumen que esos derechos son inmanentes al ser humano. Durante miles de años las personas han estado dejadas a su suerte por los poderes de turno. Quienes gobernaban consideraban a las gentes del pueblo como cosas o seres de su propiedad, que existían para que pudieran hacer con ellas lo que desearan. Debían trabajar de sol a sol en lo que se les ordenara. Debian morir defendiendo a su amo o atacando a quien el amo dijera. Los hijos e hijas de estas gentes eran propiedad del amo. ¿Derechos?, ningunos. ¿Deberes?, todos. En el ideario popular se instaló la creencia, y las tradiciones culturales y religiosas la afianzaban, de que las gentes del pueblo debían obedecer y estar al servicio de reyes, sumos sacerdotes, aristócratas de turno. Ya que obtenían ese poder directamente de “dios” o “dioses”. Milenios de oscuridad absoluta donde los designios divinos, o el “sino,” o el destino, manipulaban la vida de las gentes a su capricho. Así de claro lo tenía Pedro Crespo, personaje central de la obra dramática de Calderón de la Barca El alcalde de Zalamea, cuando le responde a D. Lope: DON LOPE.- ¿Sabéis que estáis obligado a sufrir, por ser quien sois, estas cargas? Pedro CRESPO.- Con mi hacienda; pero con mi fama, no; al Rey, la hacienda y la vida se ha de dar; pero el honor es patrimonio del alma, y el alma sólo es de Dios”. Nada le queda a Pedro Crespo. NI hacienda, ni vida ni siquiera el honor o la fama. En poco más de 200 años mucho ha avanzado la humanidad para llegar a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de la ONU el 10 de diciembre de 1948 . En ella se contiene aquello que es patrimonio de cada ser humano. El derecho a la salud es uno de ellos y así lo recoge el artículo 43 de la Constitución Española de 1978: “Se reconoce el derecho a la protección de la salud. Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. La ley establecerá los derechos y deberes de todos al respecto.” Claro y alto SALUD PUBLICA. Derecho a la protección de la salud aunque no se tenga dinero alguno. Todas las instituciones del Estado están obligadas a ello. Por lo tanto si las autoridades de esas instituciones no garantizan el derecho a la protección de la salud habrá que exigírselo en tribunales. El destinar recursos suficientes, para que quede garantizado ese derecho, es un mandato constitucional que el estamento político no puede desatender. Por ello todos los presupuestos de las instituciones del Estado deben destinar los recursos económicos necesarios para ello. Como para todo no hay, al parecer, las partidas presupuestarias como la salud, la educación, la atención a la dependencia deberán ser prioritarias, subordinando cualquier otro gasto o inversión a garantizarlos. Lo primero: LA SALUD. El segundo aspecto a considerar es que la salud es un derecho ¿será posible mercadear con ella? En la sociedad española hay aspectos que están fuera de los mercados. No pueden venderse y por tanto no es licito comprarlos. No hay un mercado de “votos”, ni de “órganos humanos”, ni de “esclavas o esclavos”,… Y sin embargo con el derecho a la salud se mercadea. ¿Cómo es eso posible? Si cualquier persona puede mediante dinero obtener mejor protección de su salud ¿En qué queda el derecho de quienes no tienen esa capacidad adquisitiva? Se compra Vida. ¿No hay algo que chirría? Cuando todas las personas tienen en mismo derecho a la protección de la salud ¿por qué unas tienen más derecho que otras? Parece evidente la conclusión: Porque con la salud se mercadea. ¿No es esto contrario al principio de igualdad consagrado por la constitución? “Con la salud no se juega” Y como es un derecho, todas las personas deben recibir atenciones medico sanitarias sin discriminación alguna, como pregona la Constitución en su artículo 14: “los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”. Entre las circunstancias personales o sociales está ser rico o pobre. Para que nadie tenga situación de privilegio, es decir posición desigual, con respecto al común, el factor económico debe evitarse. Y la única forma de hacer posible esto es que nadie pueda comprar su salud. Porque tiene derecho a ella con independencia de tener o no dineros. Cuando se mantiene con dinero público el funcionamiento de la red de empresas sanitarias privadas, que mercadean con la salud, ¿se atenta gravemente contra la igualdad? Cuando se fomenta y se induce a los funcionarios públicos para que reciban atención medico sanitaria de esas empresas ¿se atenta gravemente contra el principio de igualdad? ¿Es que no es público y notorio? Quienes a la política se dedican tienen claro incluso eso, a pesar de los beneficios que les facilitan las privatizaciones. Por ejemplo ¿se podría privatizar el “VOTO”? ¿Podría cualquier persona gestionar su derecho al voto a través de una empresa privada? ¿Podría externalizarse el gobierno del Estado? ¿Podría cualquier persona mercadear con la vida de su hija o hijo? ¿Podría una persona comercializar con su hígado, su corazón…? ¿por qué NO? -Vaya pregunta ¡Porque no son mercancías! -Pues si la SALUD no es una mercancía ¿por qué se mercadea con ella? La sanidad siempre, y toda, PUBLICA. Con los derechos no se mercadea. Nadie puede hacer “negocio” con la salud. La paulatina destrucción del sistema público de salud anima el mercadeo de la misma. Y quienes denuncian esta injusta maniobra anticonstitucional, quienes se oponen a que se cometa delito, se les acusa y lleva a tribunales. El mundo al revés. Una de estas personas ejerció la medicina toda una vida con una trayectoria impecable y se llama Antonio Vergara (Cádiz, 1951). En próximo texto se desarrollará este asunto que supone “Matar al mensajero”.
Fdo Rafael Fenoy Rico
