La policía financiera de Savona (noroeste de Italia) ha confiscado 1.000 millones de euros vinculados a créditos fiscales inexistentes, obtenidos con facturas falsas y en los que están implicados 311 sujetos económicos, en una operación que se ha llevado a cabo en diez regiones del país.
Más de 250 agentes de la Guardia de Finanzas participaron en las 85 inspecciones efectuadas desde primera hora de este jueves en todas las sociedades generadoras de los créditos ficticios y de sus representantes legales en Liguria, Piamonte, Véneto, Lombardía, Trentino Alto Adige, Toscana, Emilia-Romaña (norte), Lacio (centro), Campania y Apulia (sur).
Además, a petición de la Fiscalía de Savona, que ha coordinado las investigaciones, el juez instructor decretó el embargo preventivo de 1.000 millones de euros que debían ejecutarse en la caja fiscal de los 311 sujetos económicos implicados, titulares de créditos fiscales, explicó la policía en un comunicado.
Los créditos falsos estaban vinculados a bonificaciones en materia de construcción y energía incluidas en el 'Ecobonus' y el 'Bonus Fachada', dos paquetes de incentivos fiscales para la mejora de las viviendas.
Las investigaciones, en las que colaboraron funcionarios de la Agencia Tributaria, permitieron descubrir que "los créditos fiscales eran totalmente inexistentes, ya que se habían obtenido mediante la utilización de facturas falsas para trabajos por realizar o en curso de ejecución en inmuebles propiedad de personas residentes en la zona", se indica en la nota.
El fraude cometido en la provincia de Savona "había sido replicado a escala nacional por otras empresas del sector, resultando en muchos casos verdaderas empresas 'fantasmas', además de evasores totales o con volúmenes de negocios inconsistentes, carentes de inmuebles a los que pudieran asociarse las obras de construcción destinadas a la obtención de la ayuda, y facturas que acrediten la ejecución efectiva de los trabajos".
Algunos de los implicados "tenían antecedentes penales específicos, incluidos delitos de gasto público, y otros habían generado o aceptado créditos con personas con las que tenían vínculos familiares", mientras que varias "empresas generadoras de créditos ficticios habían adquirido a su vez créditos adicionales de este tipo, como en el caso de una entidad que había adquirido créditos como persona física a una empresa a la que representaba".
Además, uno de los investigados "había comprado bloques de créditos ficticios por un valor nominal de cientos de millones de euros a cambio de una contraprestación irrisoria efectivamente abonada", añadió la policía.
