Andalucía
Medio Ambiente facilitará trámites y actividades en los parques naturales a través de un Decreto que agiliza procedimientos
La Junta presenta ante el Consejo de Medio Ambiente la redacción final de la norma antes de remitirla al Consejo de Gobierno
El consejero de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, José Juan Díaz Trillo, ha presentado hoy ante el Consejo Andaluz de Medio Ambiente la redacción final del Decreto sobre parques naturales, un trámite tras el cual la Junta de Andalucía remitirá la futura norma al Consejo de Gobierno para su aprobación inmediata. El nuevo Decreto pretende agilizar determinados procedimientos administrativos así como establecer un régimen común para la realización de actividades en estos espacios protegidos, y su tramitación definitiva se produce una vez obtenido un dictamen favorable por parte del Consejo Consultivo de Andalucía.
El órgano consultivo ha legitimado este Decreto tras incluir la Junta en la redacción del mismo varios puntos destinados a aclarar posibles confusiones sobre su interacción con otros elementos del ordenamiento jurídico. Así, se ha determinado de forma inequívoca que los Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOU) deberán supeditarse a los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) y a los Planes Rectores de Uso y Gestión de los parques andaluces. Este aspecto ha quedado resuelto tanto en virtud del informe jurídico elaborado previamente por la propia Junta como por el reciente dictamen del Consultivo, y con ello se garantiza tanto la absoluta legalidad del texto como la prioritaria protección y conservación de los espacios naturales.
Por otra parte, la Consejería de Medio Ambiente ha recordado que la elaboración del nuevo decreto ha tenido un carácter altamente participativo, puesto que el texto ha pasado y ha obtenido el visto bueno de los 24 órganos de participación de los parques naturales de la comunidad, incorporando numerosas alegaciones presentadas en los mismos y obteniendo a la postre un respaldo mayoritariamente favorable.
Con el nuevo decreto se pretende reducir la carga burocrática en el ámbito de los parques naturales, eliminando duplicidades en los trámites, simplificando la complejidad de los mismos y acortando el tiempo de respuesta al ciudadano. De este modo, en el Decreto se limita a dos meses el plazo para resolver las autorizaciones, se establece una relación de actividades a tramitar en un procedimiento abreviado, con tan solo 15 días para resolver, y se fija otro conjunto de actividades que podrán realizarse mediante comunicación previa. Finalmente, se marca un régimen común para la realización de actividades, manteniendo vigentes las normas particulares, establecidas de manera específica para las distintas zonas o áreas de reserva, las de regulación especial y común, siendo todas esas normas respetuosas con la ley y con la conservación de los valores naturales de cada uno de los parques naturales andaluces.
Por lo tanto, la Junta busca con el Decreto modernizar su gestión, facilitar la relación de los ciudadanos con los parques naturales y mejorar la protección de estos últimos; todo ello dentro del marco de implantación de los nuevos modelos de desarrollo sostenible. Durante el proceso de redacción de esta norma, la Consejería de Medio Ambiente ha seguido en todo momento la directiva marco europea de Servicios, y como resultado proporcionará, entre otras utilidades, una respuesta inmediata a través de internet a determinados trámites que en la actualidad requieren varias actuaciones.
La norma también permitirá aumentar el número de espacios naturales protegidos en la comunidad, una vez que durante 2011 se incorporen los organismos de gestión de los Lugares de Interés Comunitarios (LIC) y las Zonas de Especial Protección de Aves (ZEPA). Con esta iniciativa Andalucía incrementará aproximadamente en un millón de hectáreas las zonas con distintos grados de protección natural.
El Decreto se enmarca en un ambicioso programa de impulso a la actividad económica, simplificación administrativa y aumento de la transparencia que está llevando a cabo el Gobierno andaluz. Con la nueva norma la Junta de Andalucía da cumplimiento a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, al tiempo que desarrolla el Decreto Ley 3/2009, de 22 de diciembre, por el que se modifican diversas leyes para la transposición en Andalucía de la Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre de 2006, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los servicios en el mercado interior.
El órgano consultivo ha legitimado este Decreto tras incluir la Junta en la redacción del mismo varios puntos destinados a aclarar posibles confusiones sobre su interacción con otros elementos del ordenamiento jurídico. Así, se ha determinado de forma inequívoca que los Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOU) deberán supeditarse a los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) y a los Planes Rectores de Uso y Gestión de los parques andaluces. Este aspecto ha quedado resuelto tanto en virtud del informe jurídico elaborado previamente por la propia Junta como por el reciente dictamen del Consultivo, y con ello se garantiza tanto la absoluta legalidad del texto como la prioritaria protección y conservación de los espacios naturales.
Por otra parte, la Consejería de Medio Ambiente ha recordado que la elaboración del nuevo decreto ha tenido un carácter altamente participativo, puesto que el texto ha pasado y ha obtenido el visto bueno de los 24 órganos de participación de los parques naturales de la comunidad, incorporando numerosas alegaciones presentadas en los mismos y obteniendo a la postre un respaldo mayoritariamente favorable.
Con el nuevo decreto se pretende reducir la carga burocrática en el ámbito de los parques naturales, eliminando duplicidades en los trámites, simplificando la complejidad de los mismos y acortando el tiempo de respuesta al ciudadano. De este modo, en el Decreto se limita a dos meses el plazo para resolver las autorizaciones, se establece una relación de actividades a tramitar en un procedimiento abreviado, con tan solo 15 días para resolver, y se fija otro conjunto de actividades que podrán realizarse mediante comunicación previa. Finalmente, se marca un régimen común para la realización de actividades, manteniendo vigentes las normas particulares, establecidas de manera específica para las distintas zonas o áreas de reserva, las de regulación especial y común, siendo todas esas normas respetuosas con la ley y con la conservación de los valores naturales de cada uno de los parques naturales andaluces.
Por lo tanto, la Junta busca con el Decreto modernizar su gestión, facilitar la relación de los ciudadanos con los parques naturales y mejorar la protección de estos últimos; todo ello dentro del marco de implantación de los nuevos modelos de desarrollo sostenible. Durante el proceso de redacción de esta norma, la Consejería de Medio Ambiente ha seguido en todo momento la directiva marco europea de Servicios, y como resultado proporcionará, entre otras utilidades, una respuesta inmediata a través de internet a determinados trámites que en la actualidad requieren varias actuaciones.
La norma también permitirá aumentar el número de espacios naturales protegidos en la comunidad, una vez que durante 2011 se incorporen los organismos de gestión de los Lugares de Interés Comunitarios (LIC) y las Zonas de Especial Protección de Aves (ZEPA). Con esta iniciativa Andalucía incrementará aproximadamente en un millón de hectáreas las zonas con distintos grados de protección natural.
El Decreto se enmarca en un ambicioso programa de impulso a la actividad económica, simplificación administrativa y aumento de la transparencia que está llevando a cabo el Gobierno andaluz. Con la nueva norma la Junta de Andalucía da cumplimiento a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, al tiempo que desarrolla el Decreto Ley 3/2009, de 22 de diciembre, por el que se modifican diversas leyes para la transposición en Andalucía de la Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre de 2006, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los servicios en el mercado interior.
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