A juicio del secretario provincial de UGT, Pedro Custodio, “no se debe de quitar ni un euro de lo que venga en el proyecto, sino todo lo contrario, todo lo que pase de ese 60 por ciento de contratación de personal es lo que debe de puntuar a la hora de adjudicar la obra, porque creemos que es la mejor medida para que esos parados puedan por lo menos subsistir”. Custodio indicó durante el desayuno de Navidad ofrecido en Jerez a los medios de comunicación que “además, las contrataciones deben de hacerse directamente en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) y entre parados de larga duración, teniendo en cuenta a las familias que no tienen ningún ingreso o a los trabajadores, que ya empiezan a haber en la provincia, a los que se les está acabando las prestaciones”.
El sindicato considera que ese procentaje de contratación generará un 40 por ciento de empleos directos y un 20 de indirectos. “No debemos olvidar la filosofía de estas ayudas, pues de lo que se trata es de rebajar las altas cifras de paro y paliar las maltrechas economías de muchas familias que ya están viviendo un auténtico drama. Por eso -continuó el secretario provincial- no vamos a permitir que el beneficio empresarial exceda del 10 por ciento”.
UGT ha creado una comisión de evalución y seguimiento de los proyectos adscritos a los fondos. Custodio valoró los fondos de inversión local como “una buena medida, porque pueden fortalecer el débil núcleo económico que tenemos, pero está claro que vamos a estar muy vigilantes hacia dónde va ese dinero, cómo se va hacer, y, sobre todo, en los proyectos y en los pliegos de condiciones de esos proyectos”.
Por su parte, el secretario comarcal de UGT, Pedro Alemán, aclaró que “en una reunión que tuvimos con la alcaldesa ya le dejamos clara la propuesta de UGT”. Alemán destacó que “aquí en Jerez, con la excusa de la crisis, muchas empresas han desaparecido y aparecido con otro nombre de la noche a la mañana, dejando a muchas familias sin empleo. Le hemos dicho a la alcaldesa que ponga la lupa con este tipo de empresas y que las adjudicatarias de las obras sean empresas solventes y que den garantía de formalidad y seguridad a los trabajadores. A empresas como Jerecom, por ejemplo, ni agua”.
