El juez Francisco Serrano, que ayer declaró ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) por presunta prevaricación al cambiar las visitas de un niño, aseguró que está satisfecho porque ha aclarado al juez instructor que no hubo “ninguna connivencia ni confabulación” por su parte.

Serrano compareció ante un juez de la sala civil y penal del TSJA, en su sede de Granada, acusado de un presunto delito de prevaricación dolosa por cambiar el régimen de visitas de un niño de 12 años de forma que pudiese salir en una cofradía de la Semana Santa de 2010.

Al concluir su declaración, dijo a Efe que está satisfecho porque ha aclarado lo que debía, que “no hubo ninguna connivencia ni confabulación” por su parte.

El juez sevillano no quiso hacer declaraciones a la prensa en Granada y únicamente su abogado, Miguel García-Dieguez, leyó un comunicado en el que Serrano negaba el delito y aseguraba que sólo buscó el interés del menor por encima de los conflictos entre sus progenitores.

En dicho comunicado, el juez de Familia 7 de Sevilla expresó su “plena confianza en los tribunales de Justicia”.

“No en balde llevo administrándola más de 20 años”, decía al tiempo que confía en que, tras el proceso en el TSJA, se demuestre su “absoluta inocencia” y se restituya su “honorabilidad profesional”.

Afirmó que comparece ante el TSJA debido a la querella interpuesta por una ciudadana en trámites de divorcio de su esposo, que considera prevaricadora su actuación profesional al haber permitido que uno de sus hijos viese cumplida su voluntad de salir como paje en una hermandad de la Madrugada del Viernes Santo.

“Mi único interés en ese asunto, como en otros muchos, era el de garantizar el interés de un menor por encima de los conflictos entre sus progenitores y ello con eficacia e inmediatez, como requería el caso dada su urgencia”, según el texto del juez.

“También es mi mayor deseo que de la investigación se pueda concluir mi más absoluta inocencia al efecto de restituir mi honorabilidad profesional, y también para sentar las bases de si ha podido existir algún otro interés personal o político por parte de quien formula la acusación”, matizó.

Serrano, que se ha caracterizado por sus críticas a la Ley Integral de Violencia de Género, se enfrenta a una posible multa de 12 a 24 meses e inhabilitación especial para ejercer como juez entre diez y veinte años.