La asamblea del pasado mes de septiembre del PA ya vislumbraba una guerra interna que por aquel entonces estaba todavía en ebullición, pero los acontecimientos de las dos últimas semanas han precipitado una explosión que salpica de lleno a todas las partes. Y es que, tras quedarse esperando una respuesta a las impugnaciones presentadas contra la candidatura de Antonio Prats a la Alcaldía, los concejales Francisco Amate y Cristina García han visto como vuelven a estar en el ojo de huracán después de que la Ejecutiva provincial les haya abierto un expediente de expulsión cautelar alegando que se han “saltado” las normas internas del partido. Una decisión que, según indican los afectados, llega casualmente a los pocos días de que el grupo municipal del PA haya tomado medidas a instancias de los dos concejales y haya noqueado la gestión del líder andalucista cambiando la cuenta de las asignaciones municipales al partido, requisándole el móvil y prescindiendo también de la secretaria de grupo.

Unas actuaciones con las que Prats “ha montado en cólera”, señalan fuentes del PA, y con las que se pretende dar un “mayor control” a las retribuciones que percibe el grupo municipal tras detectar presuntas irregularidades “en tanto a que hay facturas que no aparecen y dinero que se gasta y no se justifica”, señalan.
Ante estas circunstancias, desde el grupo municipal han decidido tomar cartas en el asunto y a partir de ahora serán “muy pocos” los que tengan acceso a los ingresos mensuales que se realicen para “tener controlado todo el dinero que el Ayuntamiento designa”, añaden. Sin embargo, la lectura que hacen en el seno provincial del PA de esta serie de requerimientos dista mucho de la de una parte de un partido segmentado desde hace tiempo, puesto que, como advirtió ayer el secretario provincial, Ramón Sánchez Heredia, los dos concejales andalucistas “tendrán que ser apartados temporalmente de sus derechos como militantes y y del grupo mientras la ejecutiva nacional no resuelva este proceso”, tras reconocer manifiestamente la “gravedad” de sus actuaciones.
Por su parte, el candidato andalucista a la Alcaldía insistió en que en su partido “no sobra nadie” y apeló a que la “sensatez” y la “lealtad” de Amate y García “les lleve a dar marcha atrás”.

Sin embargo, a juzgar por la postura de estos dos últimos, parece que la petición de Prats tiene pocos visos de cumplirse, en tanto que tienen claro que “ni el comité local ni el provincial tienen potestad para suspender la militancia”.

apartados hasta nueva orden
De igual manera, los concejales que, según Sánchez Heredia, en estos momentos y de forma casi automática tendrían que permanecer al margen porque “sus actuaciones no tienen validez y ahora no pueden tomar decisiones”, aún no tienen constancia por escrito de dicho expediente y ya han anunciado que llegarán hasta la Ejecutiva nacional para exigir que se repongan los pasos dados por el secretario provincial. “Esto no es más que una represalia a todo lo que hemos estado haciendo y tampoco tiene validez ya que Sánchez Rojas hace lo que le dice Prats”, sentencian.


NI TELÉFONO, NI SECRETARIA
Facturas de móvil de 800 euros al mes
Además de cambiar el número de cuenta al que iban destinadas las atribuciones periódicas del Ayuntamiento para el grupo municipal del PA, desde hace días Prats tampoco dispone del móvil asignado por el grupo. Un asunto muy polémico ya que fuentes del partido aseguran que las facturas mensuales del líder andalucista eran “de 800 euros”, lo que habría llevado a sus propios compañeros a denunciar esta situación ante el Consistorio, junto con las continuadas ausencias de la secretaria de grupo, cargo ejercido por Teresa Lagomazzini, esposa de Antonio Prats, de la que aseguran que “cobra 1.400 euros y lleva más de dos meses sin aparecer por el Ayuntamiento”, lo que también explicaría la decisión de prescindir de su trabajo a partir de ahora.