La ley que suprimió el delito de sedición, que el Congreso y el Senado resolvieron en apenas cinco semanas a finales de 2022, es el precedente más próximo de una tramitación parlamentaria exprés como la que ahora exige el líder de Junts, Carles Puigdemont, para empezar a negociar la investidura del socialista Pedro Sánchez.
En su comparecencia de este martes en Bruselas, el expresidente catalán, huido de la Justicia española, ha exigido la aprobación de una ley de amnistía antes de empezar a negociar la investidura de Pedro Sánchez.
No hay fecha para esa investidura, ya que la única programada es la del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que tiene su debate programado para los días 26 y 27 de septiembre. Y si no prospera la opción del líder 'popular', tal y como se desprende de las posiciones fijadas por los distintos portavoces parlamentarios, empezará a correr el plazo de dos meses para una disolución automática de las Cortes por bloqueo.
Cuando se produzca el 'no' a Feijóo, el Rey tendrá que realizar una segunda ronda de consultas y, en su caso, encargar la investidura al segundo más votado, el socialista Pedro Sánchez, que a su vez necesitaría un plazo para cerrar apoyos. Es decir, que el debate de esta nueva investidura no se calcula en el Congreso antes de la tercera o cuarta semana de octubre.
TODO DEPENDE DE LAS MAYORÍAS
¿Podría haber para entonces una ley de amnistía aprobada, como exige Puigdemont? Las normas del Congreso no tasan todos los plazos y el ritmo de tramitación de las leyes siempre depende de las mayorías en las Cámaras y en sus órganos de gobierno, pero en esta decimoquinta legislatura el PSOE y Sumar se hicieron con la mayoría en la Mesa del Congreso y, junto con sus aliados nacionalistas e independentistas, podrían contar con 178 votos para sacar adelante la adelante una ley de este tipo.
Hay un precedente cercano, la ley orgánica por la que se suprimió el delito de sedición, otra reclamación de los independentistas, que se registró un 11 de noviembre de 2022 y fue aprobada en poco más de un mes. Y eso que hubo que convocar plenos extras en el Congreso porque PP, Vox y Ciudadanos se negaron a contribuir a adelantar los debates.
El primer paso es registrar una proposición de ley orgánica, que al ser iniciativa de los grupos parlamentarios permite ahorrar la petición de informes al Consejo de Estado o al Consejo General del Poder Judicial.
OTRA MESA, OTRA OPINIÓN
Después el texto debe ser calificado por la Mesa del Congreso. En 2021, cuando llegó una ley de amnistía promovida por entidades independentistas, los letrados la tacharon de inconstitucional y el PSOE, junto con PP y Vox, estuvo de acuerdo y no la admitió a trámite. Pero ahora, con mayoría de PSOE y Sumar y dado el contexto, todo puede ser distinto. Además, en todo caso el criterio de los servicios jurídicos no es de obligado cumplimiento, ya que la decisión siempre es política.
De la Mesa del Congreso se envía a Moncloa para que el Gobierno dé su conformidad al debate en el plazo de 30 días, ya que dispone de capacidad de veto por motivos presupuestarios si aprecia exceso de gasto o merma de ingresos. Pero en el caso de la sedición al Ejecutivo le sobraron 29 días para pronunciarse y apenas 24 horas después de que se le remitiese la proposición de ley ya la había leído y dado su plácet.
El PSOE y Sumar, con sus socios, pueden también hacer valer la mayoría absoluta para imponer la tramitación por el procedimiento de urgencia, que acorta los plazos a la mitad, y así acelerar su debate y aprobación en el Pleno de la Cámara. Al tratarse de una ley orgánica, requiere mayoría absoluta, que son los votos que reunieron los socialistas para hacer presidenta del Congreso a Francina Armengol.
Y del Congreso irá al Senado, donde está el principal escollo porque el PP cuenta con mayoría absoluta en la Cámara Alta y podría ralentizar la tramitación exigiendo informes jurídicos y negarse a aprobarla. En todo caso, si ese texto es objeto de veto en el Senado, el Congreso puede levantarlo a la semana siguiente con la misma mayoría absoluta con la que salió de la Cámara Baja.
