La Fiscalía Provincial solicita cinco años de prisión para un abogado por estafar presuntamente a ciudadanos extranjeros en situación irregular en España con contratos de trabajo fraudulentos por los que el primero les cobraba entre 1.000 y 1.500 euros "aprovechando su especial situación de necesidad y de vulnerabilidad".
El Ministerio Público remarca en su escrito, consultado por Europa Press, que A.A.M.G., "hizo valer siempre" ante las víctimas su condición de abogado en ejercicio, "generando de este modo una mayor confianza y credibilidad en ellos", lo que le ayudo a su "claro" objetivo de obtener un beneficio patrimonial ilícito.
Señala, asimismo, que actuó "de común y previo acuerdo" con un segunda persona encausada, J.A.V.S., quien era el encargado, "con el mismo ánimo mendaz" según remarca, de "efectuar" a través de la aplicación informática de la Tesorería de la Seguridad Social las altas y bajas de los trabajadores extranjeros a cambio presuntamente de un cuantía mensual "de 80 euros" por parte del otro acusado.
El escrito de calificación provisional relata que, entre 2010 y 2011, el abogado contactó con, al menos, ocho inmigrantes a los que habría ofrecido la posibilidad de regularizar su situación en territorio nacional mediante la tramitación de la documentación precisa, "siempre --subraya-- previa entrega de elevadas cantidades de dinero dada la situación económica de dichas personas y que oscilaban entre los 1.000 y los 1.500 euros".
Con posterioridad, A.A.M.G. les hacía de contratos o precontratos de trabajo como requisito esencial para solicitar el permiso de trabajo y residencia si bien estos eran confeccionados "con el pleno conocimiento de su carácter falsario mediante la utilización de datos de empresas y empresarios existentes o, en algunos casos no, pero sin el conocimiento, consentimiento o autorización de su firma por parte de estos".
El fiscal detalla que lo hacía gracias a "la manipulación" de datos a través del sistema telemático de la Seguridad Social "con la creación ficticia de cuentas de cotización a nombre de empresas también ficticias".
En este punto entraba en acción el otro acusado, J.A.V.S., quien tramitaba las altas y bajas de los trabajadores extranjeros "percibiendo del primer acusado una cantidad aproximada mensual de 80 euros".
El Ministerio Público concluye que, con este modo de proceder, el abogado habría estafado a, al menos, ocho inmigrantes, "de quienes obtuvo dinero por la entrega de contratos de trabajo simulados sin que, finalmente, vieran regularizada su situación personal y apoderándose en su propio beneficio de dichas cantidades que le eran entregadas personalmente o bien a través de transferencia bancaria".
Atribuye, así, a A.A.M.G., la comisión de un presunto delito continuado de falsedad documental en concurso medial con un delito de estafa mientras que a J.A.V.S. le achaca la supuesta comisión únicamente de un delito continuado de falsedad documental por el que le pide dos años de cárcel. Para ambos, además de las penas privativas de libertad, interesa el pago de multas de 12 meses a razón de 12 euros al día.
