La Audiencia Provincial de Almería ha condenado a penas que suman 54 años de prisión y a multas que ascienden en algunos casos hasta los 30 millones de euros a los integrantes de una red que planeó introducir en septiembre de 2006 más de nueve toneladas de hachís a bordo del barco pesquero 'Caty y Pedro', con base en Carboneras.
El alijo, que fue abortado en el transcurso de segunda fase de la conocida como operación 'Mamola' en el puerto ejidense de Almerimar, contó con "participación activa" de dos agentes de la Guardia Civil, a quienes el tribunal de la Sección Segunda impone penas individuales de nueve años y un mes de prisión como autores de delitos contra la salud pública y cohecho pasivo.
La sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, estima que ambos guardias civiles, quienes habrían cobrado de la red 60.000 euros, revelaron asimismo información reservada relativa al Servicio Integral de Vigilancia Exterior (SIVE) para dar cobertura de seguridad a la actuación de los narcotraficantes, por lo que les condena al pago de una multa de doce meses a razón de 10 euros al día.
Según señala el tribunal, uno de los agentes, J.A.R.G., destinado en la Patrulla Fiscal y Territorial (Pafite) de El Ejido y con prestación de servicios en el SIVE, "tenía entre sus funciones" la vigilancia del puerto de Almerimar, por lo era "conocedor" tanto de los turnos de guardia como de los efectivos, vehículos y medios terrestres que podían obstaculizar o impedir la llegada del alijo.
El otro agente, identificado como F.M.B. y con destino en la Intervención de Armas de la Comandancia de Almería, era el encargado de comunicar las contingencias a los dos cabecillas de la banda para fijar el día y la hora "más propicios" para el desembarco de la droga y de "contactar directamente" con estos para recibir el dinero que ambos debían percibir por su participación.
