El director general de Sostenibilidad de la Costa y el Mar, Pablo Saavedra, ha señalado este lunes que el protocolo de colaboración firmado entre el presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, y la exministra de Medio Ambiente Rosa Aguilar en noviembre del pasado año para proceder a la demolición del hotel y a la posterior recuperación de la playa de El Algarrobico "por sí solo no sirve para nada", de manera que ha ofrecido su "colaboración" al Gobierno andaluz, al que ha instado a "hablar" sobre este asunto.
En declaraciones a los periodistas tras una reunión con alcaldes de municipios costeros de Almería, Saavedra ha señalado que la "oferta" del ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, pasa por "sentarse a hablar" con el consejero de ramo sobre ese protocolo, ya que a través del mismo "se pretenden asumir actuaciones concretas sin que se haya firmado un convenio siquiera".
El director de Costas se ha mostrado contrario al documento rubricado unos días antes de las últimas elecciones generales, por el que se señala que ambas administraciones deben contribuir a la inmediata demolición del hotel El Algarrobico y a la posterior restauración y recuperación ambiental del espacio en el que se sitúa. En este sentido, el Ministerio se comprometía a abordar la financiación de la demolición de la edificación y la Junta de Andalucía, a abordar el desescombro y correcta gestión de los residuos.
Se trata "de una declaración de intenciones con la supuesta asunción de unas obligaciones que tendrían un coste que ni se cuantifica" y en el que tampoco "se establece con cargo a qué partidas presupuestarias se podría financiar", según ha explicado Saavedra, quien ha justificado de este modo la invalidez, a su juicio, del protocolo de colaboración antes de asegurar que desde el Gobierno estarán "encantados" de ayudar a la Junta, en caso de que se lo solicite.
En este sentido, ha matizado que la posible demolición del polémico hotel de 411 habitaciones y una veintena de plantas asentado en el paraje de Carboneras tendrá que venir derivada de una decisión judicial "firme", con lo que ha señalado que habrá que esperar a que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) se pronuncie sobre la licencia de obras del establecimiento --que fue anulada en primera instancia-- al considerar que esta sentencia será "decisiva" para conocer el futuro del hotel.
No obstante, ha reconocido que las últimas resoluciones judiciales, entre las que el TSJA anulaba parcialmente el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) de 2008 y devolvía a la zona la protección del plan de 1994, es decir, el de un área "no urbanizable"; los jueces han mostrado el camino para derruir el hotel "pero no es una resolución que lleve a decretar la demolición".
"Hay una reflexión sobre la forma en la que sería la demolición", ha reconocido Saavedra, quien en esta línea ha apuntado que cuando se ha solicitado la puesta en marcha de la demolición, cosa que se ha requerido en otras ocasiones, según ha especificado; los jueces "han señalado expresamente" su negativa al respecto hasta que se finalicen los procesos judiciales abierto.
POSICIÓN DE LOS ALCALDES
Sobre la posición adoptada por varios alcaldes de distintos signos políticos a favor de la apertura del hotel mediante la aprobación de una moción en los plenos de sus respectivas mancomunidades, Saavedra ha reincidido en que la posición del Ministerio está marcada por las resoluciones judiciales. "El Ministerio ni tiene, ni quiere tener una posición política diferente ni puede tenerla dado que lo único que le corresponde es velar por el cumplimiento de la Ley de Costas", ha remarcado.
Así, tras indicar que durante la reunión con alcaldes de municipios costeros de Almería el asunto de El Algarrobico se ha mencionado "de pasada", ha manifestado que si finalmente las resoluciones y sentencias van en la dirección de la "ilegalidad" del hotel, se acatarán las sentencias. No obstante, ha remarcado que el Gobierno "no es responsable de la construcción del hotel" y se limita a "ofrecer su colaboración" a la Junta, ante las actuaciones "que tenga a bien promover en un futuro".
