El Grupo Municipal Popular (GMPP) registra una propuesta para el próximo Pleno de 29 de enero con el objetivo de que el Ayuntamiento de Cádiz tras haber recabado los informes técnicos pertinentes de expertos de reconocido prestigio que valoren patrimonial, histórica y técnicamente el edificio de la Aduana y su entorno, inste a la Junta de Andalucía a iniciar expediente para la descatalogación del edifico de la Aduana y su exclusión del Inventario de Bienes Reconocidos del Patrimonio Histórico Andaluz.
La propuesta popular tiene un segundo punto de acuerdo en el que se pide que, "una vez conseguida la descatalogación del edificio, el Ayuntamiento de Cádiz, en base a su papel de actor principal recogido en el nuevo convenio Plaza de Sevilla firmado con ADIF en 2020 promueva las acciones necesarias para el derribo de la Aduana a la mayor brevedad posible".
El presidente del GMPP, Juancho Ortiz, ha recordado que fue “el único candidato a alcalde que llevó este proyecto en su programa, y por coherencia -pero sobre todo para beneficio de Cádiz- vamos a pedir que se lleve a término, porque tal y como recordamos en la exposición de motivos de la propuesta, el derribo de la Aduana no solo fue aprobado en 2008 en un ejercicio legítimo de ordenación urbanística del Ayuntamiento, sino informado y apoyado por la Junta de Andalucia”.
Juancho Ortiz indicó que “la Junta incluía en su expediente un informe preceptivo y vinculante de sus técnicos de Cultura en el que la Aduana se incluye –al igual que los tendidos eléctricos, instalaciones ferroviarias, dependencias de correos, etcétera… entre los elementos que invaden el entorno de la muralla (el elemento BIC a proteger en teoría), y daba por tanto aprobación a su derribo, e incluso lo alienta para despejar el entorno de la muralla”.
"Un reconocimiento del error y altura de miras"
“Vamos a trabajar por el desarrollo de Cádiz como hemos hecho siempre. Creo que ya es hora de que algunos reconozcan que la catalogación y protección de la Aduana se debió, simplemente, a una maniobra política del PSOE que quiso paralizar el desarrollo urbanístico de una zona que se estaba transformando radicalmente y que reflejaba a la perfección un modelo de ciudad del PP que era ampliamente apoyado por los gaditanos cada vez que iban a las urnas. La prueba más evidente de este razonamiento es que el propio PSOE, tras pactar con Podemos el desalojo del PP del Ayuntamiento de Cádiz, abrió la posibilidad del derribo de la aduana a instancia de alguien que lo solicitara, y eso es lo que vamos a hacer nosotros, proponer que sea el Ayuntamiento de Cádiz quien lo pida que es quien está legitimado” apuntó Juancho Ortiz.
El presidente del Grupo Popular ha hecho hoy un llamamiento a todos los grupos políticos municipales para que “por una vez antepongan los intereses de la ciudad a sus intereses de partido. El proyecto de remodelación integral de la Plaza de Sevilla para convertirla en el gran vestíbulo de entrada al Centro Histórico sobrepasaba y sobrepasa cualquier posicionamiento partidista, es un proyecto de ciudad que fue bloqueado durante años por un interés espurio del que muchos socialistas se han arrepentido después”.
Juancho Ortiz concluyó recordó para finalizar que el derribo del edificio de la Aduana era un elemento esencial en en anterior convenio Plaza de Sevilla de 2008, contemplado mediante modificación puntual aprobada por la Junta en el último PGOU en vigor. “Al avance sustancial que supusieron el soterramiento de la vía férrea -con la consiguiente nueva estación término-, y la construcción del Puente de la Constitución de 1812, debía sucederle en el tiempo esta operación que debe incluirse en el nuevo convenio firmado el año pasado…. No solo se ganaba un espacio público, sino que se despejaba de edificios -en aquel momento no catalogados de ningún modo- una gran plaza de distribución de flujos de transporte. Su inclusión, repito, en septiembre de 2009 en el Inventario de Bienes Reconocidos del Patrimonio Histórico Andaluz en base a dos informes técnicos externos, y en contra de la resolución y los informes de la propia administración autonómica se debió solo a una maniobra política del PSOE”.
