Un grupo de empresarios han denunciado numerosas irregularidades en la concesión de las autorizaciones turísticas en el Puerto Deportivo de Benalmádena (Málaga) en beneficio de varias empresas.
En la denuncia, a la que ha tenido acceso Efe, se señala que los hechos podrían ser objeto de un delito de prevaricación, alteración de subasta y concursos públicos por parte del director del Puerto, Manuel Jiménez Márquez, la concejala, Encarnación Cortes, y el jefe de seguridad, Antonio González.
La denuncia ha sido presentada por un grupo de empresarios y cuatro vocales del consejo de administración en la junta general de la empresa municipal Puerto Deportivo de Benalmádena.
En la denuncia se hace constar que las empresas denunciantes podían realizar actividades turísticas en materia de chárter pero que en un determinado momento se les empezó a limitar en el tiempo las autorizaciones e incluso se comenzó a hablar de que se podría establecer un canon de explotación.
Según los denunciantes, durante una serie de años se han producido "múltiples irregularidades o beneficios" para algunas personas o empresas, una de ellas regentada por una persona muy conocida por la concejala y que podría tener una relación sentimental.
Tras múltiples quejas en mayo de 2018 se les promete una regularización a través de una licitación, aunque posteriormente la solución del puerto es un concurso inmediato a donde tenían que concursar todos, incluso los que tenían una licencia sin fecha de caducidad y una antigüedad de años realizando excursiones.
Los empresarios denuncian que todo fue muy acelerado, pero "no les quedó otra que entrar en el juego a que obligaban", y además tuvieron que hacer frente a pagos "bastante abusivos".
Sacaron un concurso público con unas normas aún más restrictivas, con reducción de horario de trabajo, eliminación del turno de noche y los agruparon a todos juntos en una zona concreta "lo que dificultaba la venta y crea mal ambiente".
Pero "lo más lamentable", según hacen constar en la denuncia, es que siguen sin aplicar las normal a todos por igual, y lleva a un empobrecimiento de la mayoría en beneficio de unos pocos "que son favorecidos por los denunciados".
Algunas de las empresas beneficiadas no respeta el horario, navega sin licencia asignada, navegan cuando hay temporal dentro del puerto cuando está prohibido, y uno de ellos se "jacta" y presuntamente amenaza con echarle por sus influencias.
Afirman en la denuncia que cuando han expuestos estos hechos a la concejala, al director del puerto y al jefe de seguridad "miran para otro lado y aquel que se atreva a hacerles frente recibe las represalias oportunas, viviendo escenas de películas del viejo oeste".
También afirman que se hizo un concurso para dar cobertura legal a un nombramiento de una persona que fue el único licitador y cuya oferta fue adjudicataria, a pesar de que ya trabajaba para la sociedad, así como de aprobar pliegos administrativos y técnicos de un concurso de limpieza "sacando a concurso con un sobrecoste, para la realización de labores que tampoco corresponden propiamente al puerto".
