Agentes de la Policía Nacional han detenido en el municipio malagueño de Antequera a tres personas, dos varones de 42 y 61 años como presuntos autores de un delito contra la salud pública, y una mujer de 43 años a la que se imputan presuntamente los delitos de detención ilegal, robo con violencia/intimidación, delito contra la salud pública, lesiones y amenazas graves. Además tenía en vigor una reclamación judicial.
Así, según ha informado la Policía Nacional a través de un comunicado, semanas atrás se inició una investigación con motivo de unos hechos presuntamente delictivos ocurridos en una casa de citas en Antequera.
Según las pesquisas un hombre acudió al burdel donde sabía que distribuían sustancias estupefacientes. Al no abonar los servicios requeridos fue retenido en contra de su voluntad varias horas.
Allí fue amenazado de muerte con un arma blanca, le sustrajeron las pertenencias que portaba en ese instante y recibió una brutal paliza --posteriormente le fue diagnosticado fractura del tabique nasal y una costilla, entre otras lesiones-- por parte del principal responsable del prostíbulo y dos de sus trabajadoras.
Las indagaciones practicadas permitieron a los agentes comprobar que existiría otra víctima, el cual también habría sido retenido en contra de su voluntad en este prostíbulo hasta en dos ocasiones por los mismos motivos. A este hombre le retuvieron el vehículo hasta que pagó la deuda, la cual ascendía a 2.700 euros.
Por último, los investigadores realizaron un registro en el chalet donde ocurrieron los hechos, siendo hallados en su interior una pistola de balines simulada, varias dosis de cocaína, una balanza de precisión, varios teléfonos móviles, dinero en efectivo, así como documentos de identidad y tarjetas bancarias que no pertenecían a los encartados.
Los presuntos autores fueron detenidos por un delito contra la salud pública, imputándole además a uno de ellos la presunta responsabilidad de los delitos de detención ilegal, robo con violencia/intimidación, lesiones y amenazas graves, contra la salud pública. Además tenía en vigor una reclamación judicial dictada por un juzgado de Madrid.
