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12/05/2024
 

Sevilla

Universidades estallan contra el uso de sus 'ahorros' para financiarse

Los rectores de Sevilla y Pablo de Olavide aseguran que los remanentes no afectados son "finitos" y que deberían usarse para proyectos estratégicos

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  • Pablo de Olavide. -
  • Guzmán (UPO) asegura que el reparto del Presupuesto de 2019 es "injusto y desproporcionado"
  • Castro (US): Si no hay un cambio milagroso, en 2020, nos volverán a permitir usar remanentes no afectados

Las universidades vuelven a hacer piña en relación con una reclamación histórica: una financiación suficiente. Esta mañana, los dos rectores de las universidades sevillanas se han pronunciado de manera clara y rotunda en relación con el reparto del Presupuesto de 2019, aprobado el pasado mes de octubre en Comisión Académica Universitaria (CAU). Esta tarde, será el rector de Jaén y presidente de la AUPA (Asociación de las Universidades Públicas Andaluzas) el que pida en la Comisión parlamentaria de Presupuestos 2020 una rectificación al Gobierno de Andalucía en materia de financiación, según ha adelantado el rector de la Universidad de Sevilla, Miguel Ángel Castro. Expresamente, en lo relacionado con la principal novedad del reparto del Presupuesto 2019 que las universidades se temen que sea ya un hecho consumado para el ejercicio 2020/2021.

En el CAU de octubre, la Junta de Andalucía autorizó a las universidades a usar 40 millones de los remanentes no afectados, una suerte de hucha que, según cada universidad, es más o menos abultada. Tirando de ahorros, la Administración daba permiso a las universidades a entrar en lo que se conoce como “déficit equilibrado”, un déficit técnico. A la Universidad de Sevilla se le permite un uso de 11,3 millones y en el caso de la Pablo de Olavide, 1,8 millones de euros. Este dinero no son, pues, cantidades nuevas que pone la Junta, sino que sale de lo que no han gastado las universidades. Y es el tope de déficit técnico que se les permite a las dos universidades sevillanas para el ejercicio presupuestario 2019. 

El rector de la Pablo de Olavide, Vicente Guzmán, no esconde su enorme enfado en una entrevista mantenida con Viva Sevilla: “Hay universidades con 165 millones de euros de remanentes no afectados  y a las que se les autorizan 5,9 millones de euros, lo que equivale a un 4%; La Olavide tiene 4,5 millones en remanentes no afectados y se nos autorizan 1,8 millones, lo que es igual al 40%. Ese reparto es injusto y desproporcionado. En un año, me voy a comer el 40% de lo que he ahorrado y, Dios no lo quiera, que no me salgan ardiendo los aparatos de aire acondicionado, que me quedo sin ahorros el año que viene”.

En la misma línea se ha manifestado el rector de la Universidad de Sevilla. Miguel Ángel Castro ha informado al Claustro universitario de que las universidades cumplirá con las “instrucciones” dadas por el Gobierno de la Junta de Andalucía, aunque ha hecho la siguiente reflexión: “Si no hay un cambio milagroso, en 2020, nos volverán a permitir usar remanentes no afectados, que se acabarán. Cuando se acaben, qué harán. No todos tenemos los mismos remanentes y estos son finitos”, ha apostillado. Tanto Castro como Guzmán han advertido además de que estos remanentes servirán para taponar gastos corrientes (de hecho, 15 millones de los 40 autorizados) cuando deberían ir destinados, en todo caso, a proyectos y actuaciones de carácter estratégico.

La Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidades destinará en el curso 2019/2020 un total de 1.284 millones de euros para financiación básica (pago de nóminas del personal, casi en su totalidad), inversiones en infraestructuras e investigación. La cuantía para inversiones es precisamente la que más baja con respecto al presupuesto de 2018: de más de 40 millones euros entonces a 10,4 para 2020. En el caso concreto de las universidades sevillanas, la Hispalense y la Pablo de Olavide recibirán casi 400 millones de euros (386,7 millones de euros). 

El rector Miguel Ángel Castro ha aludido a una posición “unánime” de las universidades andaluzas y los consejos sociales para pedir a la Junta que “rectifique”.

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