El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha anunciado este miércoles que exigirá a la Fiscalía General del Estado la retirada de todas las acusaciones contra los dirigentes soberanistas encausados y la "libertad inmediata" de todos los que están en prisión preventiva.
Lo ha dicho en una declaración institucional desde el Palau de la Generalitat, después de que el grupo de trabajo sobre Detención Arbitraria que depende del Consejo de Derechos Humanos de la ONU haya emitido una resolución que pide la liberación inmediata de Jordi Cuixart, Jordi Sànchez y Oriol Junqueras.
El presidente catalán ha criticado que el Estado ha actuado hasta ahora movido por un "espíritu de venganza", y ha anunciado que esta petición formal al fiscal se llevará a cabo después de una reunión extraordinaria y monográfica del Consell Executiu que se celebrará el viernes.
MECANISMO
Torra ha asegurado que la Ley 50/1981 por la cual se regula el estatuto orgánico del Ministerio Fiscal permite a la Generalitat dirigirse formalmente al fiscal general del Estado a través del fiscal superior de Cataluña, que actualmente es Francisco Bañeres.
Así, tras la reunión extraordinaria del viernes y en vistas a lo que ha expuesto del grupo de trabajo de la ONU, el Govern instará al fiscal superior a dirigirse a la Fiscalía General del Estado para que "promueva en el Tribunal Supremo" la retirada de las acusaciones.
"VULNERACIONES"
Torra ha considerado que, tras la decisión del grupo de la ONU, cada hora que pase con los dirigentes soberanistas en la cárcel supondrá "una vulneración de los derechos humanos", y ha insistido en su determinación de seguir avanzando hasta lograr una república catalana independientes.
"Cada hora de cárcel y exilio es una razón de más que nos fortalece en la determinación de construir una Cataluña libre y republicana", ha zanjado el presidente catalán, que ha lamentado que la Fiscalía haya decidido este mismo miércoles mantener la petición de penas para los encausados.
Ha insistido en la inocencia de todos los dirigentes soberanistas que están siendo juzgados por el Tribunal Supremo, y ha asegurado que no deberían estar en el banquillo de los acusados porque "la legislación española permite los referéndums y los llamamientos a la participación".
"No hay interés patriótico que pueda pasar por delante de los derechos humanos. El Reino de España ha dilapidado toda la credibilidad democrática (*). Es un comportamiento que más pronto que tarde le pasará factura", ha vaticinado Torra.
GRUPO DE TRABAJO
Torra ha defendido que este grupo de trabajo de la ONU es una "autoridad internacional en este ámbito" y ha asegurado que, si el Estado no cumple la resolución, se estará equivocando y estará vulnerado el derecho internacional, a su juicio.
"Es una resolución demoledora para el Estado español porque considera que el encarcelamiento de los presos políticos es arbitrario y que están en situación de prisión por su defensa del derecho de autodeterminación" de Cataluña, ha argumentado.
Según Torra, la resolución del grupo de trabajo acredita que se han vulnerado hasta siete artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos --2, 9, 10, 11, 18, 20 y 21-- y seis del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos --3, 14, 19, 21, 22 y 25--, por lo que solo cabe su puesta en libertad, ha concluido.
