El juicio del 'procés', que mantiene sentados en el banquillo del Tribunal Supremo a 12 líderes independentistas desde el pasado 12 febrero se acerca a su fin, ya que las sesiones de la próxima semana pretenden dar por concluida la fase documental. Tras ello las partes anunciarán sus calificaciones definitivas, momento en el que se conocerá si, como es previsible, la Fiscalía mantiene sus peticiones de cárcel por rebelión o se produce alguna modificación o petición alternativa de pena.
Así lo han señalado a Europa Press fuentes jurídicas, que añaden que lo previsible es que el tribunal presidido por Manuel Marchena de voz a las partes para que anuncien sus calificaciones y petición de penas definitiva antes de que el 3 de junio comiencen a exponerse los informes de las acusaciones.
En dicho momento se conocerá si tras escuchar a los encausados, a más de 420 testigos, a los responsables de siete pruebas periciales y tras visionar varias horas de vídeos sobre las intervenciones policiales del 1-O la Fiscalía, la Abogacía del Estado y la acusación popular ejercida por Vox mantienen sus peticiones iniciales de condena sin más, las rebajan u ofrecen alternativas al tribunal.
En sus escritos de conclusiones del pasado 2 de noviembre la Fiscalía del Supremo solicitó de forma inicial imponer al exvicepresident de Cataluña y hoy diputado en el Congreso Oriol Junqueras 25 años de cárcel por un delito de rebelión agravada por malversación de caudales públicos al considerarle jefe o promotor del procés.
Las siguientes penas más altas que inicialmente solicitaba el Ministerio Público son para otros tres dirigentes independentistas: la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, el expresidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sánchez y el líder de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, todos ellos también en prisión provisional.
Para cada uno de ellos, los fiscales del 'procés' --Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal, Fidel Cadena y Jaime Moreno-- pedían en su escrito 17 años de prisión y otros 17 de inhabilitación absoluta, ya que también consideran a Forcadell, Sánchez y Cuixart promotores o jefes del proceso independentista.
En cuanto a los exconsejeros que también están en prisión provisional, esto es, Joaquim Forn (Interior), Jordi Turull (Presidencia), Raül Romeva (Exteriores), Dolors Bassa (Trabajo) y Josep Rull (Territorio y Sostenibilidad), la Fiscalía también les acusa de rebelión, pero en su caso agravada por la malversación, y reclamaba inicialmente para cada uno 16 años de cárcel y otros 16 de inhabilitación absoluta.
En otro nivel, el Ministerio Público sitúa a tres antiguos integrantes del Govern de Carles Puigdemont que según su escrito inicial no cometieron rebelión, pero sí un delito de malversación y otro continuado de desobediencia grave, éste último por incumplir las resoluciones del Tribunal Constitucional declarando la ilegalidad del proceso de independencia. Así, Meritxell Borràs (Gobernación), Carles Mundó (Justicia) y Santi Vila (Empresa) se enfrentan provisionalmente a 7 años de prisión y otros 16 de inhabilitación absoluta.
ABOGACÍA Y VOX
Tras desvelarse la posición definitiva del fiscal se dará a conocer la de la Abogacía del Estado, cuando la letrada Rosa María Seoane anuncie si eleva a definitivas sus conclusiones iniciales, que descartaban la rebelión en favor de un delito de sedición, o las modifica.
En principio los Servicios Jurídicos del Estado piden 12 años de cárcel para Junqueras por sedición y malversación; penas de entre 11 años y medio para Forn, Rull, Turull, Bassa y Romeva; 10 años para Carme Forcadell; y 8 años para los Jordis, todos ellos por un delito de sedición en un gesto en el que se desmarcó radicalmente de la Fiscalía.
A diferencia del Ministerio Público, la Abogacía consideraba antes del juicio que los hechos no pueden ser calificados de rebelión al no haberse producido la violencia necesaria para lograr la independencia de Catalunya, si bien ahora tiene la oportunidad de modificar esta posición.
Finalmente, la acusación popular de Vox solicitaba inicialmente un total de 74 años de prisión para el exvicepresidente de la Generalitat de Cataluña Oriol Junqueras por presuntos delitos de rebelión, pertenencia a organización criminal y malversación de caudales públicos en su participación en el proceso independentista, y penas notablemente más altas que la Fiscalía y la Abogacía también para el resto de encausados.
En este momento procesal se conocerá si el partido político rechaza finalmente acusar por organización criminal, lo que supondría una rebaja de sus peticiones.
La Sala que juzga el 'procés' independentista en el Tribunal Supremo ha comunicado de forma informal a las partes personadas que entre el 11 y el 12 del próximo mes de junio la vista oral podría quedar vista para sentencia.
Para la semana que viene se han previsto tres sesiones de documental los próximos 27, 28 y 29 de mayo -que podrían ampliarse al día 30-, en las que verán los vídeos aportados tanto por las acusaciones como por las defensas sobre las intervenciones policiales en centros de votación del referéndum ilegal en la jornada del 1 de octubre de 2017.
Después, las distintas partes adelantarán el sentido de sus conclusiones -lo que se espera que se produzca al término de la documental, según las fuentes consultadas y el día 3 de junio está previsto que las partes comiencen a exponer sus informes finales con un tiempo aconsejado de unas dos horas con excepción de la Fiscalía, que prevé utilizar unas cinco.
Para los escritos de las defensas se ha previsto el 10 y el 11 de junio, igualmente con dos horas de exposición estimada. Dependiendo del tiempo que finalmente tarden los letrados podría habilitarse el 12 de mayo para dar la última palabra a los encausados, que tendrán unos 15 minutos para hablar ante el tribunal.
Así pues, con todos estos cálculos que maneja el tribunal, y sin imprevistos de última hora, el juicio del 'procés' podría estar finiquitado antes de que concluya la primera quincena de junio. La sentencia podría estar lista para después del verano.
