El equipo de gobierno del PP en el Ayuntamiento de Málaga, antes de cumplirse el ultimátum lanzado por Ciudadanos, su socio de investidura, en relación con la destitución de dos ediles, Francisco Pomares y Teresa Porras, junto con el gerente de Urbanismo, José Cardador, tras ser llamados a declarar como investigados por supuestas "injerencias políticas" en expedientes de infracciones urbanísticas, en concreto, en la promoción Villas del Arenal, ha señalado que "no dará por roto el acuerdo de investidura".
Además, han dejado claro que el equipo de gobierno mantiene en sus actuales responsabilidades a Francisco Pomares, Teresa Porras y José Cardador, "quienes ejerciendo sus derechos darán al juez todas las explicaciones que éste requiera, explicaciones que no tuvieron oportunidad de dar al fiscal".
En un comunicado, el equipo de gobierno ha incidido en que el acuerdo de investidura con Cs "ha dado a la ciudad un muy buen marco de estabilidad política desde la constitución de la Corporación en 2015".
En este sentido, han añadido que "el Gobierno municipal mantiene dicho acuerdo en todos sus términos" y han reiterado "lo que ambos firmantes han venido diciendo durante estos casi cuatro años una y otra vez: el documento suscrito por Francisco de la Torre y Juan Cassá se ha venido cumpliendo satisfactoriamente".
Por otro lado, en relación con las afirmaciones de los concejales de Cs, el equipo de gobierno ha precisado que los acuerdos suscritos --empezando por el de investidura-- entre los grupos municipales del PP y Cs "nunca han incluido un pasaje sobre la imputación-investigación de cargos públicos en el Ayuntamiento".
Es más, según el equipo de gobierno "todos los documentos firmados por el alcalde han sido suscritos públicamente y compartidos con máxima transparencia", asegurando que cada vez que se ha señalado que "el alcalde no cumple lo que firma", en referencia a las afirmaciones del portavoz municipal de Cs, Juan Cassá, "esas palabras no se correspondían, a sabiendas, con los documentos suscritos".
Por otro lado, han lamentado que "el tacticismo" del grupo municipal de Cs "le pueda llevar no sólo a romper un acuerdo de investidura que se ha venido cumpliendo satisfactoriamente, sino también a poner en riesgo el acuerdo para el presupuesto de 2019", suscrito el pasado 21 de diciembre, asegurando que se trata de "un acuerdo, éste sí, que lleva la firma del alcalde y la de Cassá".
Asimismo, han insistido en que el equipo de gobierno se considera obligado al cumplimiento del acuerdo PP-Cs para un nuevo Gobierno en Andalucía, firmado el 9 de enero de 2019 por Juan Manuel Moreno, Teodoro García Egea, Juan Marín y José Manuel Villegas.
En concreto, han precisado, en ese documento, PP y Cs se comprometen a la "separación inmediata de los cargos públicos (...) que sean imputados formalmente por delitos de corrupción hasta la decisión definitiva del órgano judicial", esto es, una vez concluida la instrucción e iniciada la fase de juicio.
Ante esto, el equipo de gobierno ha vuelto a recordar que "aquí no se ha producido imputación-acusación formal; aquí no hay, en ningún caso, corrupción"; asegurando, de igual modo, que "Pomares, Porras y Cardador tienen derecho a la presunción de inocencia, como cualquier ciudadano".
Por último, desde el equipo de gobierno del PP han considerado que "hacer interpretaciones distintas para la misma cosa en cada municipio es oportunista e improcedente". "El criterio válido y vigente es el del acuerdo del 9 de enero en todas las instituciones andaluzas, incluido el Ayuntamiento de Málaga", han concluido.
