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Lunes 18/11/2024
 
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España

Piden 50 años de cárcel al etarra Lupiañez por secuestro a una familia

Se le atribuye el depósito de un arsenal con el que ETA habría podido fabricar más de 300 kilos de explosivos

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  • Audiencia Nacional. -

La Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional juzgará el próximo viernes 22 de febrero al etarra Gorka Joseba Lupiañez Mintegui, para quien Fiscalía pide 50 años de cárcel por el secuestro de una familia a la que la banda terrorista sustrajo una autocaravana que después utilizó para atentar contra una torre de Red Eléctrica en Castellón en agosto de 2007.

En concreto, el Ministerio Público pide que este miembro de la banda terrorista ETA --delito por el que fue condenado en 2009--, cumpla 12 años de prisión por la detención ilegal de cada uno de los tres miembros de la familia, una pareja y su hijo de entonces 4 años de edad; más 7 años por el robo a punta de pistola de la autocaravana y otros 7 por tenencia o depósito de explosivos.

Los hechos tuvieron lugar en Francia, en agosto de 2007. El día 24, M.I., su mujer, C.C., y su hijo pequeño dormían en su autocaravana estacionada en Messanges-Plage (Les Landes), cuando un grupo de cuatro personas equipadas con guantes y pasamontañas, les despertó en plena noche identificándose como miembros de ETA.

A punta de pistola, de acuerdo al escrito de acusación de la Fiscalía, y bajo amenaza de matar a la mujer y al niño, obligaron al padre a entregar las llaves del vehículo. Maniataron y amordazaron a los tres y les trasladaron a una casa rural alquilada por otro miembro de la banda terrorista en la zona del pirineo atlántico, donde permanecieron dos noches retenidos y bajo vigilancia del acusado, que dormía en una de las estancias de la vivienda.

LES SOLTARON EN MITAD DEL MONTE

En la mañana del 25 de agosto, las víctimas escucharon cómo se llevaban la autocaravana y un día después, fueron trasladados en coche hasta una senda en el bosque de Ousse-suzan (Les Landes9, donde mientras los miembros de ETA dormían dentro de un coche, la pareja y el niño fueron obligados a pernoctar al raso en sacos de dormir.

El 27 de agosto, "una vez que la autocaravana había sido utilizada en un acto terrorista contra una torre de Red Eléctrica en la provincia de Castellón", donde la hicieron explosionar causando "importantes daños materiales", los tres miembros de la familia fueron liberados en el monte, desde la que caminaron hasta una carretera donde un ciudadano les recogió y llevó a Tartas.

El fiscal detalla que durante los dos primeros días de septiembre se practicó entrada y registro en un piso que tenía ETA en Payrat en Cahors (Lot, Francia) y allí se encontraron los objetos que la banda terrorista había sustraído a la familia cuando les quitó la autocaravana, el saco de dormir donde había pernoctado el padre, el coche con el que se perpetró el secuestro y diversos artefactos explosivos.

ERA MIEMBRO DEL APARATO LOGÍSTICO DE ETA

"En dicha casa estuvo alojado el acusado teniendo la posesión y disposición de los explosivos hallados, pues era miembro del aparato logístico de ETA", explica la Fiscalía, que detalla material incautado con el que era posible fabricar hasta 263 kilos de amonal y hasta 110 kilos de 'kaskabarra', el explosivo clorado que solía utilizar la banda terrorista, entre otros.

Aquel refugio clandestino "contenía un potencial ofensivo importante caracterizado por una gran cantidad de explosivos y precursores, pero también por la amplia gama de materiales en preparación que permitirían destruir objetivos de todo tipo, desde edificios de gran tamaño, inmuebles, parkings de varias planbtas o subterráneos de vehículos", conforme explica el escrito de acusación.

Lupiañez Mintegui fue detenido el 6 de diciembre de 2007 en Vizcaya con una pistola encima y en 2009 la Audiencia Nacional le condenó a 11 años y medio de cárcel por integración en organización terrorista, tenencia ilícita de armas y falsificación de documento oficial.

Ahora, vuelve al banquillo de los acusados y afronta una pena mucho mayor: 50 años en total más la prohibición de acercarse a las víctimas durante diez años más y la obligación de indemnizarles con algo más de 41.000 euros por la caravana que les robaron hace ya 12 años y el valor de los enseres que llevaba dentro.

 

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