La titular del Juzgado de Instrucción 19 de Sevilla que investiga un presunto fraude a la Seguridad Social de más de tres millones de euros a través de falsos contratos de formación en las Peluquerías Low Cost ha citado a declarar como investigados a 35 franquiciados desde mañana y hasta el miércoles.
Según confirmaron a Efe fuentes del caso, la jueza ha citado como investigados a los 35 franquiciados personados en la causa, entre ellos la denunciante que puso al descubierto la presunta trama por la que los dueños de la red de franquicias establecían las condiciones de los contratos de las mismas así como la de las personas contratadas en las más de 600 peluquerías de la red.
En la causa también son investigados los administradores de la firma, si bien aún no han prestado declaración ante el juzgado.
Los abogados que representan a los franquiciados confían en que la situación de éstos se revierta y hayan sido llamados a declarar como investigados para garantizar su tutela judicial efectiva al poder ser asistidos por letrados, si bien consideran que son víctimas del presunto fraude.
La Policía informó el pasado octubre de la detención en Sevilla de 37 personas implicadas presuntamente en una red en la que a través de este negocio de peluquerías de bajo coste habrían obteniendo de forma fraudulenta bonificaciones y beneficios de la Seguridad Social con esos falsos contratos.
Según la Policía, desde el 2015 hasta finales del 2017 los cinco dirigentes de la organización crearon un entramado empresarial con sociedades franquiciadoras y empresas supuestamente dedicadas a formación con la finalidad era lucrarse y beneficiarse de los incentivos y bonificaciones de los contratos de formación y aprendizaje.
La cúpula de la organización era la encargada de la selección de los trabajadores, con experiencia y titulación, así como de realizar las gestiones de la Seguridad Social con las franquicias e imponían a los trabajadores el aceptar contratos en formación, sin cumplir los requisitos de los mismos, con los que lograban mano de obra ordinaria, lo que suponía un perjuicio grave para los trabajadores, tanto en sus cotizaciones de Seguridad Social como en sus condiciones diarias de trabajo y sueldo.
Por medio de estos falsos contratos de formación, los dirigentes de la red y los franquiciados se habrían beneficiado de reducciones de cuotas a la Seguridad Social por un valor superior a los tres millones de euros.
