El presidente del PP de Barbate, Carlos Llaves, ha manifestado su “total rechazo” a las intenciones del Gobierno de la Nación de no poner en funcionamiento la depuradora del municipio antes de 2022, alargando el incumplimiento de la normativa de saneamiento de aguas, motivo por el que la Unión Europea ha sancionado a España con una multa cohercitiva de 10,95 millones de euros al semestre y una suma de 12 millones de euros más.
Llaves ha señalado al PSOE como “responsable directo” de esta situación, ya que “durante lleva años mintiéndonos con la depuradora” y “quedándose impasible mientras ésta sigue sin ser operativa”.
En ese sentido, ha señalado que, con la privatización del servicio municipal de agua realizada por el PSOE cuando gobernaba en Barbate en 2012, la EDAR de Barbate-Zahara pasó a manos de la empresa Aqualia, que se comprometía a cumplir con los parámetros legales de depuración, “lo que nunca ha hecho”.
“Aqualia, de la mano del PSOE, lleva seis años vertiendo al mar aguas residuales sin depurar, con los peligros que eso conlleva para el medio ambiente, nuestra costa, la fauna marina y el deterioro de nuestras aguas en general, afectando también al atractivo turístico de nuestro municipio”. Llaves ha aclarado que “la situación es insostenible porque hay un problema grave de insalubridad en la playa del Carmen, a la que principalmente vienen a parar las aguas residuales sin tratar”.
“Barbate necesita que el Ayuntamiento ponga orden en esta situación y haga cumplir a la empresa concesionaria sus obligaciones, además de exigir al Gobierno de España que acometa una nueva depuradora que cubra también las necesidades reales de Zahara de los Atunes, amén de que las depuradoras de aguas residuales de la comarca de La Janda son obras de interés general del Estado”.
Asimismo, el presidente popular ha indicado que “la sanción de la Unión Europea confirma que esta situación no puede alargarse más” y ha enfatizado que “agrava aún más sin cabe” el procedimiento judicial por delito ecológico ocasionado por los vertidos de la EDAR en el que están imputados el actual alcalde de Barbate, Miguel Molina (PA), el anterior regidor, Rafael Quirós (PSOE) y dos concejales, de las cuales una de ellas es la actual diputada provincial de Turismo.
