En Fertiberia no tienen dudas de que su proyecto para restaurar las balsas de fosfoyesos es el mejor posible y que además está avalado por la Audiencia Nacional (AN). Ese es el mensaje que ha defendido este lunes el responsable de la dirección técnica del proyecto y del proceso administrativo-judicial, Juan Ramón Miró, que ha insistido en que tras la actuación de su empresa en las 720 hectáreas que fija la AN, la afección será “nula” porque el proyecto se va a desarrollar con “las mejores técnicas disponibles” para el encapsulado de los fosfoyesos. En el marco de una sesión informativa organizada por la Asociación de Industrias Químicas, Básicas y Energéticas de Huelva (Aiqbe), Miró ha insistido en que la empresa que está tras del proyecto, Ardaman, ha desarrollado “con éxito” más de 60 proyectos de clausuras de balsas por todo el mundo, por lo que se pregunta “por qué esto que se hace en todo el mundo no va a funcionar aquí”.
La única explicación que encuentra a que el proyecto aún no cuente con el visto bueno de todas las administraciones y esté ya en marcha es “la opinión pública y la politización” del tema. De hecho, afirma que “las administraciones se la cogen con papel de fumar”, cuando según insiste, “son las mejores técnicas disponibles para solucionar el apilamiento de los yesos”, y además se trata de “la balsa más controlada del mundo con toda certeza”.
Situación actual
Declarado idóneo por el ministerio (ahora de Transición Ecológica), la Audiencia Nacional exigió que se continuaran los procesos administrativos para su aprobación final. La empresa entregó el Estudio de Impacto Ambiental y solicitó el inicio de la evaluación ambiental. Se abrió entonces un periodo de información pública en el que se presentaron 1.345 alegaciones, que se contestaron en marzo, y el ministerio está ahora, aún dentro de plazo, pendiente de pronunciarse sobre la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), algo que la empresa espera que suceda en los “próximos meses”.
En paralelo, Fertiberia solicitó a la Junta la modificación de la Autorización Ambiental Integrada y al Ayuntamiento la compatibilidad urbanística del proyecto, pero todo está condicionado a la DIA. Por ello, entiende que si es favorable, no debería haber más problemas, y de no ser así, las otras administraciones “tendrán que justificar muy bien” por qué no dan el visto bueno. De hecho, cuestionado por el papel del Órgano de Participación de los Fosfoyesos, Miró insiste en que “la empresa se atiene a lo que diga la Audiencia Nacional”. En todo este camino, Miró defiende que el proyecto ha experimentado mejoras sustanciales, teniendo en cuenta las alegaciones presentadas.
De hecho, el presupuesto se ha elevado de 65,9 millones a 70. De un lado, afirma que se van a sellar todos los canales mareales perimetrales que rodean las balsas para evitar una posible entrada de agua con las mareas. Para ello, primero se hará en la red de canales un primer sellado con una pared de yeso lavado, después una capa compacta de arcilla y finalmente escolleras para evitar la erosión ante mareas muy grandes, que también servirían en caso de tsunami.
Del mismo modo, se incluirá un sismógrafo en la zona, aunque insisten en que “no hay riesgo de rotura”. Todo el trabajo de encapsulado de las balsas con la “máxima seguridad” durará diez años con 30 años más de seguimiento y control y desde Aiqbe están convencidos de que “ya se podían estar sellando los canales mareales”, pero “la politización influye y crece siempre que llegan elecciones municipales”.
No hay “riesgo” por la radioactividad
Sobre los niveles de radioactividad en las balsas de fosfoyesos, la empresa defiende que hay “riesgo nulo para la población” y que los marcadores están por debajo de la media de España.
