La Fiscalía pide tres años de cárcel para los promotores de 45 viviendas en El Ronquillo (Sevilla) y dos para el responsable de una sucursal bancaria que serán juzgados desde este lunes por un delito de estafa, mientras que la acusación particular que ejercen los compradores solicita doce años de prisión.
El juicio se celebrará en la Sección Cuarta de la Audiencia de Sevilla tras la denuncia de al menos 30 de los 45 compradores (representados en su mayoría por el bufete CAF asesores Legal& Comunity Services S.L.)
Los hechos se remontan al 22 julio de 2005 cuando, según el escrito de acusación de la Fiscalía al que ha tenido acceso Efe, Alfonso Baus y Cristóbal Llopis, administradores de Macamar Inversiones, suscribieron un contrato de cesión de derechos y obligaciones por el que asumían la promoción de 45 viviendas en Residencial Mirasierra de El Ronquillo.
Entre noviembre de 2005 y abril de 2007 firmaron la venta de varios pisos por entre 90.000 y 120.000 euros.
Llopis y Baus contactaron con La Caixa Galicia a través de su sucursal en la calle Menéndez Pelayo de Sevilla, que dirigía el también acusado Pedro González Quincolla, con el que tramitaron y obtuvieron un crédito hipotecario de un millón de euros gravando el solar en el que se iba a construir la urbanización.
Para ello, firmaron la escritura del préstamo el 21 diciembre de 2005, crédito que se amplió el 25 de septiembre de 2006 hasta 5,1 millones de euros, cuantía que "superaba con mucho las cantidades que a los compradores quedaban por pagar" de los inmuebles.
Para obtener el crédito adjuntaron 33 contratos de venta de los pisos y el 11 noviembre de 2006, Llopis -por Macamar- y González -por Caixa Galicia- suscribieron "una escritura de obra nueva en construcción y división horizontal" en la que se fijaba la superficie de los pisos y la cuota de participación de cada una de ellas, escritura que fue modificada el 15 de noviembre de 2007.
El 13 de noviembre de 2008, Macamar y Caixa Galicia, representados por Llopis y Baus, de un lado, y A.T.R. -apoderado de la entidad bancaria que desconocía la génesis del préstamo hipotecario- firmaron una "escritura pública de novación modificativa y distribución de préstamo con garantía hipotecaria" para modificar el plazo de amortización del préstamo, así como el tipo de interés y la fecha para liquidarlos.
Según el fiscal, esta modificación "en modo alguno, respetaba" las condiciones fijadas con los compradores, a pesar de no contar con su consentimiento para aumentar la carga hipotecaria de los pisos, ya que en muchos casos suponía elevar lo que tenían que pagar de 92.500 euros a 118.000 o 120.000.
El 23 de abril de 2009, Macamar Inversiones S.L. convocó a los compradores a una reunión "no consiguiendo su propósito" pues éstos se negaron a asumir más carga hipotecaria de la recogida en sus contratos de compraventa.
Según el fiscal, "la promoción de las viviendas se concluyó a costa de La Caixa" y "al no pagar Macamar el crédito hipotecario ni hacerse cargo los compradores de las nuevas cargas", La Caixa ejecutó la hipoteca, tramitándose ante el Juzgado de Primera Instancia 13 que, el 11 de diciembre de 2012, sacó a subasta las 45 viviendas de la promoción.
Para el Ministerio Público, los tres acusados son autores de un delito continuado de estafa por el que procede imponer a los responsables de Macamar tres años prisión e inhabilitación especial durante ese tiempo de la pena para promover o construir viviendas y al de la sucursal bancaria dos años con inhabilitación de ejercer trabajos en la banca o Cajas de Ahorro durante ese tiempo.
Además reclama que los acusados "y solidariamente La Caixa Galicia" indemnicen a los compradores con lo que acrediten haber pagado por su vivienda.
