El ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, aseguró ayer que el Gobierno “seguirá trabajando” para aportar “todos los medios” a “los familiares que busquen a los suyos en las fosas y quieran darles un enterramiento como debe ser” un día después de que el juez de la Audiencia Nacional se inhibiese en su investigación sobre los desaparecidos en la Guerra Civil y el Franquismo en favor de los juzgado territoriales.
“El Gobierno lleva haciendo muchas cosas en este tema y las va a seguir haciendo”, aseguró Bermejo, quien insistió en que “el Gobierno va a seguir trabajando para dar buen fin a todo aquel que está intentado rescatar a sus familiares en las fosas y que quieren darles un enterramiento como debe ser”. “Vamos a seguir trabajando en eso”, reiteró.
El titular de Justicia, que ayer inauguró unas jornadas de estudio de la Abogacía General del Estado en la sede de su Ministerio, recordó que “cuando acaba una investigación judicial acaba”, pero matizó que “otra cosa es la acción del Gobierno que va dirigida con todos los medios a que todos los familias que buscan a los suyos tengan los medios que necesiten”.
El ministro no quiso valorar la decisión de Garzón ya que, según dijo, se trata de una resolución judicial. “No entro en el contenido de resoluciones judiciales, hemos colaborado con ese juzgado mientras ha estado actuando y ahora obviamente respetamos su decisión”, dijo.
REACCIONES
El catedrático de Derecho Penal José Miguel Zugaldía cuestionó ayer la competencia de los juzgados territoriales en la causa sobre los desaparecidos en la Guerra Civil tras la decisión del juez Baltasar Garzón de inhibirse.
Zugaldía, ex decano de la Facultad de Derecho de Granada, considera que si Garzón no tiene competencias como juez de la Audiencia Nacional, será “muy difícil” en su opinión que la tengan los instructores de otros juzgados.
“El juez de instrucción no es un coadyuvante ni un engranaje de la ley de Memoria Histórica, sino un miembro del poder judicial encargado de la averiguación y persecución de los autores para su castigo”, y en este caso, precisa, la persecución de los autores ya no es factible.
Zugaldía considera que “las heridas de las dos Españas” quedaron “relativamente bien cerradas tanto por la ley de Amnistía como por la ley de reforma política y la Constitución”, y que para lo que aún queda pendiente de resolver está la ley de Memoria Histórica.
“Intentar cerrar heridas por lo penal me chirría un poco”, dijo el catedrático, que no ve “la forma de enganchar jurídicamente el cierre de las heridas de la Guerra Civil con el derecho penal”.
En su opinión, la ley de Amnistía, y en especial la legislación de la Transición “impide ahora mismo considerar que estemos ante delitos de rebelión o genocidio que den competencia a los jueces de instrucción”, de ahí que entienda que la causa no podría prosperar en los juzgados territoriales.
ANDALUCÍA
La consejera de Justicia y Administración Pública de la Junta, Evangelina Naranjo, se mostró ayer “respetuosa” ante la decisión de Garzón de dejar de instruir la causa abierta para investigar los crímenes de la Guerra Civil “como ya lo fue la Junta” cuando se hizo cargo de este asunto.
Naranjo subrayó la “obligación” de desarrollar el Plan Integral para la Recuperación de la Memoria Histórica “independientemente” de la resolución del juez Garzón y las que adopten las audiencias provinciales. En este sentido, señaló que comenzarán a atender las demandas para velar por el “descanso en paz” de las personas muertas durante la Guerra Civil.
