La jueza que investiga a una treintena de taxistas de la asociación Solidaridad del Taxi, incluida su cúpula, por presuntas agresiones a conductores de VTC (alguiler de vehículos con conductor) ha imputado hoy por daños y coacciones al colectivo por crear "una organización delictiva" para el "monopolio" del servicio en el aeropuerto.
El presidente de la asociación, Enrique Filgueras -citado hoy como investigado en calidad de representante legal de la asociación- se ha acogido a su derecho a no declarar ante la titular del Juzgado de Instrucción 1 de Sevilla, como ya hizo anteriormente cuando fue citado a título personal como uno de los taxistas investigados.
La jueza, en un auto al que ha tenido acceso Efe, considera que los responsables de esta asociación han creado "una estructura interna jerarquizada con un régimen de imposición de sanciones tanto económicas como de privación de participar en el servicio monopolizado temporalmente, con unas normas catálogos de conductas ni publicadas ni aprobadas en forma alguna".
Para mantener el "monopolio" del servicio de recogida de pasajeros en el aeropuerto de Sevilla, la jueza sostiene que han actuado "contra la dirección del propio aeropuerto y contra las instituciones municipales y empresas públicas de transporte", tras varios ataques denunciados por los conductores del autobús que cubre la línea del aeropuerto de la empresa municipal Tussam.
Añade que en el registro de la sede que la asociación tiene dentro del aeropuerto, y cuyo contrato de arrendamiento denunció Aena por incumplimiento, se ha hallado "material y documentos de origen ilícito" relativo "incluso a agentes de la Policía Local y al régimen de multas o sanciones municipales".
Para la jueza, todas estas conductas implican "un grave perjuicio al sector de transporte y a la ciudad en general" y son "constitutivas de delitos de daños y coacciones esencialmente, así como sustentándolo en el establecimiento de una organización" que califica de "delictiva".
Debido al perjuicio a instituciones y empresas públicas, la jueza ha propuesto al Ayuntamiento la posibilidad de personarse en la causa como acusación particular, un ofrecimiento que la defensa de los taxistas, que ejerce el abogado Simón Fernández, ha recurrido al considerar que de los hechos investigados "no se ha acreditado que tenga perjuicio" para el consistorio.
En esta causa ya ejerce la acusación particular la asociación Unauto que representa los intereses de los conductores de VTC pues uno de los hechos investigados es la quema de nueve vehículos de Cabify estacionados en Castiblanco de los Arroyos (Sevilla)que habían venido a Sevilla para prestar servicio durante la Feria de Abril de 2017.
El pasado 31 de mayo fue detenido un taxista miembro de esta y otra asociación como autor material de estos hechos, en libertad provisional, que a su vez ha denunciado a la Guardia Civil por detención ilegal tras permanecer mas de 24 horas en sus dependencias sin asistencia letrada y por el trato recibido.
