El Ayuntamiento de Granada ha aprobado un protocolo de emergencia para prestar atención a los migrantes que llegan con dignidad y respeto a los derechos humanos, el cual, impulsado con 46 organizaciones sociales, es el primero de estas características en el ámbito nacional.
La finalidad de las medidas que comprende es "evitar situaciones de riesgo o exclusión social ante las circunstancias sobrevenidas que impone el contexto actual", según ha informado el Ayuntamiento en una nota de prensa tras la presentación de la iniciativa.
La capital, que ofrece a las personas migrantes un total de 66 recursos y servicios gracias a este protocolo, asesora a otros municipios para la puesta en marcha de dispositivos similares.
"Desde el Ayuntamiento de Granada no queremos permanecer ajenos a una realidad que nos afecta", ha declarado la concejal de Derechos Sociales, Educación y Accesibilidad de Granada, Jemi Sánchez.
Las entidades sociales pidieron al Ayuntamiento respuestas y una reacción "contundente", fundamentada en "el respeto a las personas, la dignidad humana y sus derechos fundamentales".
La confluencia de recursos públicos y privados permiten articular una acogida colectiva de personas migrantes de manera organizada y profesional, bajo el liderazgo de la Concejalía de Derechos Sociales, durante un plazo máximo de 30 días. Transcurrido este tiempo, los migrantes optan por seguir el viaje o por otras alternativas ajustadas a sus necesidades.
La ciudad de Granada es frontera sur de Europa, y un lugar de paso para la inmensa mayoría de los migrantes. De ahí la necesidad de programar "con rigor acciones de emergencia que garanticen sus derechos", ha explicado Sánchez.
El protocolo está estructurado en siete redes de trabajo; las actuaciones son: salud; asesoría jurídica; traducción e interpretación; alojamiento y recursos básicos; planificación de viajes y contactos en destino; acompañamiento y ocio y finanzas.
"Hacen falta políticas valientes de acogida que rompan con el discurso xenófobo de las últimas semanas", ha subrayado la edil granadina, que ha tendido la mano al Gobierno, que "tiene la obligación de marcar la diferencia en aplicación de los derechos humanos", ha subrayado Jemi Sánchez, que ha precisado que el Ayuntamiento de Granada ha reservado una partida de 10.000 euros por si tuviera que activar el protocolo.
