El nuevo Gobierno del PSOE presidido por Pedro Sánchez deberá afrontar en el Congreso, donde tiene 84 escaños, leyes promovidas por el PP como la ley Hipotecaria y gestionar otras normas que actualmente se tramitan como la Renta Mínima o la modificación del Estatuto de los Trabajadores.
Sánchez se ha comprometido a cumplir con los Presupuestos de 2018 aprobados por el Ejecutivo de Mariano Rajoy con el fin de mantener la estabilidad, y durante su intervención en el Pleno del Congreso aseguró que no es la intención de un gobierno "eventual" derogar en ese contexto reformas, como la de las pensiones.
Sin embargo, en el Congreso sí se están tramitando leyes laborales importantes, como la modificación de los artículos 42.1, 84 y 87 del Estatuto de los Trabajadores promovida por el grupo parlamentario socialista para que los trabajadores subcontratados puedan tener los mismos derechos laborales que los empleados por las empresas principales.
Esta ley se encuentra en fase de ponencia, lo mismo que la Ley Hipotecaria que fue propuesta por el Gobierno para elevar la protección de los consumidores y que para el PSOE es necesario mejorar en materia de sanciones e incluso con la dación en pago.
El grupo socialista podría no encontrar apoyos suficientes para modificar estas leyes en el Congreso ya que la formación cuenta con minoría y enfrente tendrá al PP y a Ciudadanos, que se opusieron a que Sánchez llegara a la Moncloa.
En el Congreso también está en tramitación la ley contra la morosidad empresarial promovida por Ciudadanos y que el PSOE pide no limitarla al sector privado e incluir medidas para la administración.
En la Cámara Baja también se encuentra la Renta Mínima de 426 euros para familias sin ingresos, aunque en este caso la iniciativa, impulsada por los sindicatos, está paralizada ya que todavía no ha empezado el debate de enmiendas.
En este sentido, la mayoría de la Mesa conformada por PP y Ciudadanos es la que decide agilizar o no las tramitaciones.
Por otra parte, sigue vigente la Comisión de Seguimiento de los Acuerdos del Pacto de Toledo, donde el PSOE y Unidos Podemos han insistido en la necesidad de que la recomendación segunda del Pacto vincule la revalorización de las pensiones al IPC.
Aunque se trata de una recomendación en la que podría no haber consenso general, el nuevo Gobierno sí podría aprobar esta medida por Decreto.
Otras comisiones parlamentarias que están activas y continuarán sus trabajos son la que promueve la reforma del Régimen Especial de Autónomos (RETA) y la de investigación de la crisis financiera y el rescate bancario.
Asimismo, en la Cámara Baja deben empezar a tramitarse algunos proyectos de Ley que aprobó el Ejecutivo de Mariano Rajoy como el de distribución de seguros y reaseguros privados o el de Secretos Empresariales.
También están pendientes varias proposiciones de Ley que se encuentran en fase de enmiendas parciales y cuyos plazos se han ido prorrogando semanalmente, como son la iniciativa de Unidos Podemos de subir la cuantía del salario mínimo interprofesional o la que modifica el Estatuto de los Trabajadores, para implantar un registro de la jornada laboral con el fin de frenar el abuso de la horas extraordinarias no pagadas y elevar las infracciones.
Otra proposición reciente, cuyo plazo de enmiendas a la totalidad finaliza precisamente el próximo martes es la Ley de igualdad retributiva entre mujeres y hombres, prioritaria para la formación morada, así como la registrada por la mayoría para eliminar el llamado "impuesto al sol" y regular el autoconsumo eléctrico.
Sánchez avanzó durante su intervención en el debate de la moción de censura que esta ley es importante para los socialistas.
Más propuestas económicas que están en el Congreso son la que pide crear una comisión independiente de nombramientos del Estado que evalúe los candidatos del Gobierno para dirigir organismos e instituciones, o la aprobada para que las nueve autopistas quebradas que serán rescatadas por el Estado no se vuelvan a privatizar y no se prorrogue las concesiones que vencen entre 2018 y 2021.
Recientemente el PP registró otra iniciativa para regular de forma "global" las criptomonedas, como el bitcoin, con el fin de generar confianza y fiabilidad en los mercados y proteger a los inversores.
Todas esta leyes seguirán su debate, aunque su entrada en vigor dependerá de cuándo convoque Sánchez elecciones generales ya que la disolución de las Cortes haría decaer las iniciativas que no haya dado tiempo a aprobar definitivamente.
