El pleno de la Diputación de Sevilla, reunido este jueves en sesión extraordinaria, ha desestimado las reclamaciones promovidas frente al documento de aprobación inicial del proyecto presupuestario de la institución para 2018, que se eleva a 430,65 millones de euros, siendo así aprobado de modo definitivo el nuevo presupuesto. Todo ello con el único voto a favor del Grupo socialista, la abstención de Ciudadanos y el voto contrario del PP, IU y Participa.
A grandes rasgos, el proyecto presupuestario de la Diputación de Sevilla y sus sociedades y organismos autónomos para 2018 asciende a 430,65 millones de euros, frente a los 424 millones presupuestados para el año que acaba.
De esa cifra global, y según la documentación consultada por Europa Press, el capítulo dedicado a los gastos del personal propio de la institución copa 124,9 millones de euros, mientras el capítulo de bienes corrientes y servicios abarca 34,7 millones de euros, los gastos financieros destinados a intereses bancarios cuentan con casi 430.000 euros, las transferencias corrientes con casi 57,8 millones y el fondo de contingencias e imprevistos con casi 5,3 millones de euros.
Las inversiones reales, de su lado, cuentan con 28,7 millones de euros, mientras las transferencias de capital previstas suman más de 23,7 millones de euros, la amortización de pasivos financieros copa 522.000 euros con los que la Diputación prevé reducir a cero su deuda bancaria y los activos financieros disponibles para diversas materias suman más de 154,52 millones de euros.
Todas estas grandes líneas de gasto suman los 430,65 millones de euros presupuestados por la Diputación para 2018, toda vez que el gasto no financiero, es decir el gasto susceptible de destinar a materias como servicios o inversiones, se reduce este año de 276 a 275,6 millones de euros, merced a las estipulaciones de la Ley 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, promovida por el Gobierno central del popular Mariano Rajoy.
CON NOMBRES Y APELLIDOS
En cuanto a los programas y actuaciones comprendidas en las grandes líneas de gasto ya descritas, el servicio provincial de prevención y extinción de incendios contará con 18,6 millones de euros; mientras los programas sociales aglutinan unos 68,84 millones de euros; la próxima edición del Plan de Fomento del Empleo Agrario (Pfoea) contará con 39 millones; 93 millones de euros serán ofrecidos a los ayuntamientos sevillanos como anticipos reintegrables sin intereses; figuran otros 3,6 millones para apoyar las actividades culturales promovidas por los municipios y 571.000 euros para el complejo monumental de San Luis de los Franceses.
Frente a dicho proyecto presupuestario, aprobado de modo inicial en el pleno ordinario de noviembre, interpusieron reclamaciones la sección de CCOO de la Diputación, la sección de CCOO en la sociedad provincial Prodetur, la sección de CCOO en Inpro, los sindicatos que participan en la comisión de Igualdad de la Diputación y Facua Sevilla.
No obstante, el acuerdo elevado al pleno extraordinario celebrado este jueves por la Diputación comprendía la desestimación de tales reclamaciones, porque "no se ajustan a las causas de reclamación recogidas en la Ley de Haciendas Locales", extremo refrendado por instancias de la Diputación como la Intervención General de la misma. Como segundo punto, el mencionado acuerdo implicaba la aprobación definitiva del nuevo proyecto presupuestario.
Durante el debate plenario, la portavoz de IU, Engracia Rivera, ha reiterado el rechazo de su grupo al contenido del nuevo presupuesto, señalando que las reclamaciones desestimadas reflejan que la sociedad provincial Inpro no cuenta con "suficientes" recursos y que desaparecen las ayudas para apoyar a las asociaciones de consumidores. Las reclamaciones de los sindicatos, a su juicio, manifiestan además el camino que queda por recorrer para que la institución cuente con "una plantilla estable y consolidada".
"REFLEXIÓN" SOBRE LAS RECLAMACIONES
La popular Virginia Pérez, de su lado, ha opinado que las reclamaciones de los sindicatos deben llevar a la "reflexión" de que aún quedan "numerosas cuestiones" que "salvar y solucionar" en materia de recursos humanos, lamentando además la "desaparición" de las ayudas a las organizaciones de consumidores.
El diputado de Participa, Julián Moreno, ha criticado de su lado que el Gobierno provincial socialista haya configurado su proyecto presupuestario de manera "unilateral", considerando además que la sociedad provincial Inpro no cuenta con suficientes recursos, pese a que sus funciones "se han triplicado en los últimos años". Del mismo modo, ha criticado la "anulación" de las políticas de protección de los consumidores.
En el caso de Ciudadanos, Javier Millán ha recordado que el nuevo proyecto presupuestario cuenta con diferentes enmiendas de la formación naranja, que "enriquecen" su contenido.
Desde las filas del PSOE, la diputada de Hacienda, Concepción Ufano, ha defendido que Inpro cuenta con "créditos suficientes para afrontar los retos" de 2018, desgranando las previsiones de la Diputación ante los aspectos señalados en las reclamaciones o las posibles "modificaciones" presupuestarias que serían acometidas para resolver hipotéticas eventualidades en materia de personal. Respecto a las ayudas a las asociaciones de consumidores, ha defendido que la Diputación carece de competencias directas en la materia, pero mantiene sus aportaciones a las juntas arbitrales de consumo.
Finalmente, el propio presidente de la Diputación, Fernando Rodríguez Villalobos (PSOE), ha pedido unidad a las fuerzas de la Corporación provincial, para reclamar al Gobierno central del popular Mariano Rajoy que amplíe el abanico de aspectos en los que gastar los superávit presupuestarios de las administraciones y "flexibilice" la regla de gasto que constriñe el gasto público.
Todo ello, para solucionar "la película de tener 200 o 300 millones en el banco y no poder emplear el dinero en lo que demandan los municipios". Y ya a la hora de la votación, el nuevo presupuesto ha sido aprobado con el único voto a favor del Grupo socialista, la abstención de Ciudadanos y el voto contrario del PP, IU y Participa.
