El juzgado de lo Penal número 1 de Jerez acogió ayer un juicio contra la alcaldesa socialista de Algar, María José Villagrán, y dos concejales de su anterior gobierno (2011-2015), por presunto acoso laboral contra un funcionario municipal. En su escrito final, la Fiscalía mantuvo la petición inicial de un año de cárcel para cada uno de ellos, así como una indemnización solidaria de 3.000 euros, mientras que la acusación elevó su petición de cárcel a dos años de prisión y una indemnización de 30.000 euros en favor del denunciante.
Para conocer el origen de los hechos hay que remontarse a finales del año 2010, en el que el citado funcionario debió asumir temporalmente la vacante del Secretario Municipal, labor por la que el entonces gobierno local del PAse comprometió a ofrecerle una remuneración extra. En 2011, con el cambio de gobierno, ya con Villagrán al frente del Ayuntamiento, reclamó el pago de la cantidad adeudada, aunque el mismo no se produjo hasta 2014, y después de que el propio funcionario presentara una denuncia contra el Ayuntamiento.
“A partir de ahí es cuando se encrispa la situación”, relataba ayer a este periódico el abogado de la acusación, Juan Antonio Gil Prieto, “y se pasa a acusarle de sabotaje” por una serie de sucesos acontecidos en el Ayuntamiento, junto con la apertura de un expediente de investigación “en el que se le acusaba directamente. Eso no fue una investigación, sino una imputación”. Como consecuencia de aquella situación, “de la que salió absuelto”, el funcionario recibió una baja médica que, posteriormente, se convirtió en baja por incapacidad permanente y en la que se fundamentó la demanda, pendiente ahora de la decisión judicial.
