La Sección Segunda de la Audiencia de Granada ha absuelto a los tres ex altos cargos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), entre ellos el que fuera presidente de este organismo, Manuel Romero, de los delitos de prevaricación y contra el medio ambiente por los que fueron juzgados a finales de septiembre por los supuestos vertidos ilegales de aguas fecales de la prisión de Albolote (Granada).
Este asunto sentó en el banquillo de los acusados el pasado 18 de septiembre a Manuel Romero, al exjefe de Calidad de Aguas y al que fuera comisario de Aguas a raíz de la denuncia de un particular que alegaba que, desde finales de los años noventa, estos vertidos habían causado "graves y reiterados daños" en una finca de su propiedad, el Cortijo Las Torres, donde se encuentra el cauce del arroyo Juncal.
Durante el juicio, los tres defendieron su gestión respecto a estos vertidos y descartaron que hubiera en ellos componentes tóxicos que provocaran graves daños al medio ambiente, una versión que comparte el tribunal en su sentencia absolutoria, a la que ha tenido acceso Europa Press.
Concretamente, la Audiencia no considera acreditado que los vertidos causasen o pudieran causar "alteraciones significativas" en las aguas superficiales o subterráneas, los suelos, los animales o las plantas que hay en el cauce o en la ribera del arroyo.
En la sentencia se pone de manifiesto que en mayo de 2012 entró en la Confederación una solicitud de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias en la que se interesaba la renovación de la autorización del vertido de las aguas residuales de la prisión de Albolote, "una vez depuradas", al barranco del arroyo Juncal.
Dado que se estaban superando los parámetros establecidos para los vertidos y que se tenía constancia de denuncias relacionadas con los vertidos, el que fuera jefe de Calidad de las Aguas requirió a Instituciones Penitenciarias que remitiesen periódicamente los resultados de los autocontroles que realizaba la propia prisión, advirtiéndole de que debía mejorarse la eficacia de la depuración y justificarse los motivos del bajo rendimiento de la depuradora.
Instituciones Penitenciarias achacó los desperfectos de la depuradora a las lluvias torrenciales que hubo en la zona en 2010 y que pensaba arreglar en dos fases entre 2012 y 2013.
El jefe de Calidad de Aguas hizo más adelante otra advertencia a la prisión respecto a que las aguas seguían sin depurarse y que esto podía conllevar la revocación de la autorización de vertido.
Tras la remodelación de la depuradora de la prisión, se verificó a través de análisis que los vertidos se adaptaban a lo que estipula la normativa y se acabó por dictar resolución favorable para la actualización de la autorización de vertido. La sentencia, que avanza este viernes el diario 'Ideal', agrega que tras la denuncia de la dueña del cortijo afectado, el personal de la CHG realizó diversas inspecciones y los resultados de los análisis fueron normales.
Los tres ex altos cargos de la CHG relataron durante el juicio que el asunto fue tramitado como "uno más" de carácter leve, defendieron su forma de proceder e hicieron hincapié en que la CHG no tiene capacidad para decretar el cese de la actividad que genera los vertidos, lo cual compete al Gobierno.
La Fiscalía solicitó la libre absolución y la acusación popular, ejercida por la propietaria del cortijo, solicitaba seis años de cárcel y 17 de inhabilitación por un posible delito contra el medio ambiente y otro de prevaricación ambiental.
