La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, denunció hoy que en su país existe "terrorismo de Estado" y se rebeló contra el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que congeló este miércoles sus cuentas bancarias, le prohibió salir del país y acordó enjuiciarla a partir del 4 de julio.
En declaraciones a los medios de comunicación, Ortega Díaz dijo que desconocerá dos sentencias del Supremo emitidas por "unos ilegítimos magistrados", pidió que esos fallos sean anulados y juró que defenderá la vigencia de la actual Constitución "hasta con la vida".
Dichas decisiones otorgan facultades del Ministerio Público a la Defensoría del Pueblo y dan un nuevo aval a la elección de una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) el 30 de julio, un proceso que impulsa actualmente el presidente, Nicolás Maduro, para modificar la actual Carta Magna y que la oposición considera fraudulento.
"Se han producido sentencias del TSJ que además de romper el orden constitucional, ya muy maltratado, le entregan la investigación de los derechos humanos posiblemente a quienes violen los derechos humanos", dijo la funcionaria.
Asimismo, recriminó a Maduro sus acusaciones de terrorismo contra "un alto porcentaje del país", y añadió: "yo lo que creo es que tenemos un terrorismo de Estado donde se perdió el derecho a manifestar, donde son reprimidas cruelmente las manifestaciones, donde se enjuicia a civiles en justicia militar".
Ortega Díaz indicó, además, que se están dando "allanamientos sin orden judicial", que no hay "un debido proceso" en las detenciones y acusaciones y que el derecho a elegir y a participar son "caminos que están cerrados". "Esto es terrorismo de Estado", reiteró.
Por su parte, el Supremo dictó las medidas cautelares solicitadas por el diputado chavista Pedro Carreño contra la fiscal y detalló que esta resolución fue tomada de forma unánime por todos los magistrados que integran la Alta Corte "por la presunta comisión de faltas graves en el ejercicio de su cargo" como fiscal general.
El jefe del Poder Judicial, Maikel Moreno, denunció además que esta instancia se encuentra "bajo amenaza terrorista", por lo que convocó a los representantes de todos los poderes públicos del país a una reunión de urgencia para tratar este asunto y para impedir una escalada de violencia.
Este pronunciamiento se produce un día después de que un agente de la policía científica del país caribeño (CICPC) llamado Óscar Pérez hurtara un helicóptero con el que sobrevoló el centro de Caracas y disparó y lanzó granadas contra la sede del Supremo y el departamento de Interior.
El ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol, anunció hoy la emisión de una orden de captura internacional contra Pérez a través de Interpol, mientras "fuerzas especiales" continúan tras su pista dentro de la geografía nacional.
Entretanto, el vicepresidente venezolano, Tareck El Aissami, ha informado de que la aeronave usada para dichos ataques fue hallada por las autoridades en una localidad del estado Vargas, cercano a Caracas, sin que hasta el momento hayan detenido al "agente traidor" o a sus cómplices.
La Fiscalía y la Defensoría del pueblo han abierto investigaciones e instado a hacer averiguaciones, respectivamente, sobre un asunto que el ombudsman venezolano, Tarek William Saab, ha ponderado como un "llamado a golpe militar" y un intento de "desestabilización de las instituciones democráticas".
Mientras tanto la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) realizó decenas de "trancazos" en todo el país, una modalidad de protesta que consiste en cortar varias vías del país durante cuatro horas para rechazar el eventual cambio de Constitución.
Estas manifestaciones terminaron con varias personas detenidas y heridas, entre ellas un diputado, mientras que varias concentraciones fueron dispersadas por la fuerza pública, según informaron dirigentes opositores en las redes sociales.
La Fiscalía ha confirmado que dos personas fallecieron hoy en hechos relacionados con la oleada de manifestaciones que sacude al país desde hace casi tres meses, lo que eleva a 78 el total de víctimas mortales que maneja este organismo.
Con todo, los opositores llamaron a sus simpatizantes a marchar el jueves hacia la sede del Poder Electoral en Caracas, un destino al que han intentado llegar en varias ocasiones pero les ha sido impedido por las fuerzas del orden público, que ha usado gases lacrimógenos, agua y perdigones para dispersarles.
