Este año se conmemoran los 50 años de la ocupación militar del territorio palestino por parte de
Israel, una década del bloqueo a la Franja de Gaza y el centenario de la Declaración de Balfour.
El año que viene, en 2018, se cumplirán 70 años de la Nakba, en gran desastre palestino por el
cual millones de personas se vieron obligadas a abandonar sus hogares y a los que a día de hoy,
aún siguen anhelando poder regresar. Y en 2019 se cumplirán 10 años de la llamada operación
Plomo Fundido, en la que las tropas israelíes masacraron a la población civil de la Franja de
Gaza, y en 2020 encontraremos nuevos aniversarios, nuevas masacres, nuevas injusticias que
conmemorar y de las que nos lamentaremos en la distancia sin atrevernos a romper la espiral de
nuestros silencios cómplices.
Como decía el Arzobispo Sudafricano Desmond Tutu “Si eres neutral en situaciones de
injusticia, has elegido el lado del opresor”.
La moción aprobada en el seno del pleno del Ayuntamiento de ayamonte el pasado 25 de mayo
pretende romper esa neutralidad y denunciar esa relaciones cómplices que ayudan a mantener y
perpetuar un régimen de discriminación institucionalizada que ha sido calificado en numerosas
ocasiones como un régimen de apartheid.
Lejos de discriminar a nadie, la moción busca aportar su granito de arena para acabar con la
discriminación sistemática a la que la población palestina se ve sometida día tras día desde hace
décadas: desde aquellas personas que llevan ya medio siglo soportando un terrible régimen de
ocupación militar, viendo como les usurpan sus tierras, derriban sus casas y confiscan sus
propiedades, a aquellas personas que, a pesar de ser palestinas ciudadanas de Israel, tienen que
convivir con las más de 50 leyes vigentes a día de hoy que les discriminan de manera directa o
indirecta. Sin olvidarnos por supuesto a las más de 7 millones de personas refugiadas palestinas
que siguen esperando poder regresar a sus hogares.
Los acuerdos y compromisos adquiridos tras la aprobación de la moción no discriminan a nadie
por su raza, origen o religión, es más, buscan activamente acabar con estas discriminaciones a
través de la ruptura de relaciones y complicidades con todas aquellas empresas e instituciones
que mantienen al régimen de apartheid israelí. Y lo hacen utilizando el derecho internacional y
las normativas de contratación públicas vigentes en nuestro territorio.
Una de las medidas aprobadas, entre otras, ha sido el compromiso por parte del consistorio de no
contratar a empresas que estén involucradas de manera directa o indirecta en la graves
vulneraciones de derechos humanos. Esta decisión, lejos de promover la discriminación, hace de
nuestras instituciones unos espacios más justos e igualitarios, que no sólo tienen un impacto
positivo en el reconocimiento de los derechos del pueblo palestino, sino que tienen un impacto
directo y positivo en el día a día de nuestros municipios, impidiendo que el dinero de los y las
contribuyentes se destine a financiar empresas responsables de la vulneración de derechos
humanos.
Otro de los compromisos adoptados es la adhesión del ayuntamiento a la campaña de Boicot,
Desinversión y Sanciones a Israel (BDS). Inspirada en la campaña de boicot a la Sudáfrica del
apartheid y basada en el simple principio de que los palestinos y las palestinas tienen derecho a
disfrutar de los mismos derechos que el resto de la humanidad, la campaña de BDS busca
presionar a Israel para que cumpla con sus obligaciones, tal como establece el derecho
internacional. La campaña BDS se opone radicalmente a cualquier tipo de discriminación por
motivos de sexo, género, raza, origen étnico o religión, incluyendo al antisemitismo y a la
islamofobia. El racismo y la discriminación son la antítesis de los valores de justicia e igualdad
sobre los que se asienta la campaña.
Más de 70 instituciones públicas de todo el Estado español se han sumado a la campaña de
Espacios Libres de Apartheid, demostrando un compromiso claro y valiente con los principios de
igualdad, libertad y justicia social.
